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El agua: entre el derecho y la política

 

Hay derechos como el de no ir a prisión sin orden legal o la libertad de expresión, que se defienden ante todo con normas legales. Hay otros cuya protección depende de acciones concretas de la sociedad o el Estado, o cuya violación surge de situaciones complejas, que es difícil impedir con mecanismos judiciales. Por eso, escribir en las constituciones el derecho a la vida, la paz o el trabajo, por ejemplo, no produce resultados claros. Desde que se garantizó el derecho a la paz han pasado 17 años de conflicto armado y desde que se definió el derecho a la vida en 1991 unos 415.000 colombianos han muerto a manos de sus compatriotas.

Ahora se está promoviendo un referendo que determina que el acceso al agua potable es un derecho fundamental, que el Estado debe suministrarla a todos y manejar, sin delegarlos, acueductos y alcantarillados. Es casi seguro que el referendo se apruebe, pero vale la pena pensar si, en su forma actual, es buena idea. Veo al menos dos razones para dudarlo.

La primera es que fijar principios muy generales de política pública en la Constitución refuerza la profunda tendencia de los colombianos a pasar los problemas del mundo de la política al de la justicia, a creer en la magia de la ley y el fetichismo constitucional. Escribir en la constitución los diez mandamientos suena bien, pero no es práctico, pues pone la ley a consagrar valores morales y políticos y no a dar reglas para que la sociedad defina y redefina sus políticas. Estas deben ser el resultado del debate público incesante, y poner en la constitución formulas más o menos inmutables y abstractas sobre el derecho al agua reduce el ámbito de la discusión pública y el campo de acción del legislativo. Y los jueces tendrán que interpretar textos abstractos y ambiguos para decidir si una ley es conveniente o si lleva a hacer efectivo el derecho al agua.

La segunda es que al regular la forma administrativa de atender este derecho, estableciendo el monopolio estatal para la entrega de agua potable a los particulares, se pasa de un ámbito muy general a uno muy concreto. Sabemos que estos servicios caen, en algunos casos, bajo el control de administraciones clientelistas y corruptas, o pueden manejarse en forma burocrática, sin un desarrollo tecnológico y creativo que permita enfrentar situaciones difíciles. Para evitar esto algunos servicios, como los teléfonos, que la mayoría de las empresas públicas habían convertido en un bien escaso, que se conseguía con soborno o  palanca, se dieron en concesión a particulares y ahora llegan a toda la población. Dar el monopolio “indelegable” del servicio del agua al gobierno es blindarlo contra la competencia eficiente, y puede reforzar el clientelismo o la corrupción.

Es indiscutible que el agua, como la comida, es un derecho fundamental de todo ser humano. Pero a nadie se le ocurriría que solo el Estado pueda  entregar comida, pues tendríamos una alimentación peor, más costosa y monótona que la actual. Mientras más importante sea un derecho para la vida, menos se justifica prohibir a los particulares participar en su atención, pues se disminuyen los recursos para hacerlo.

Lo que hace falta es una política de protección de los recursos hídricos (y es lógico fijar esto como objetivo del Estado), un mecanismo de tarifas que subsidie los servicios básicos a los más pobres pero permita financiar su ampliación, y una regulación y un control muy estrictos, por la ciudadanía y el Estado, de la gestión pública o privada de esos servicios. Y es preferible que sea la ley la que diga cómo se hará esto, en cada tiempo y lugar, pues los principios constitucionales eternos pueden más bien ahogar al país en un mar de demandas, para que los jueces definan lo que deberían decidir los ciudadanos a través de una discusión política permanente.

Jorge Orlando Melo

Nota: Sobre los problemas de la administración burocrática del agua vale la pena ver el artículo de Salomón Kalmanovitz El acueducto de Bogotá, en El Espectador, del 22 de febrero de 2008.

Adenda:

Copio la columna de Manuel Rodríguez, publicada en El Tiempo el día 3 de septiembre de 2008 y que responde a los argumentos de mi columna. Recomiendo su lectura para ampliar el debate:

Lecciones de la historia
Por: Manuel Rodríguez*

Las realidades del agua plantean la necesidad de acueductos del Estado.

Jorge Orlando Melo, amigo y gran historiador, descalificó el referéndum por el agua (EL TIEMPO, 21-08-08) por considerar que "hay derechos como el de no ir a prisión sin orden legal o la libertad de expresión, que se defienden ante todo con normas legales. Hay otros cuya protección depende de acciones concretas de la sociedad o el Estado, o cuya violación surge de situaciones complejas, que es difícil impedir con mecanismos judiciales". Y como el acceso al agua potable pertenecería a esta última categoría, no tendría ningún sentido consagrarlo como derecho fundamental en la Constitución Nacional, un objetivo que se propone alcanzar el amplio grupo de organizaciones sociales promotoras del referéndum, que a la fecha ha recolectado más de un millón doscientas mil firmas.

El argumento de Jorge Melo parece desconocer contundentes lecciones de nuestra historia reciente, como son las positivas consecuencias de haber consagrado en la Constitución de 1991 diversas obligaciones del Estado, así como múltiples derechos y deberes de los ciudadanos en materia de protección ambiental y de participación en las decisiones que afecten sus modos de vida. Por ejemplo, a la luz de esas normas, la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley General Forestal, sancionada por el Gobierno Nacional en el 2006, que, además de violar los derechos territoriales de las comunidades indígenas y negras, fomentaba la explotación a gran escala de nuestros bosques naturales y su consecuente degradación y destrucción. Así mismo, a partir del derecho colectivo a disfrutar de un medio ambiente sano y de los derechos fundamentales a la vida y a la salud, miles de ciudadanos han defendido en forma efectiva valores ambientales críticos mediante acciones de tutela y populares, que han sido falladas favorablemente por los organismos judiciales.

Melo desconoce también la existencia de un creciente movimiento social internacional que busca establecer el acceso al agua potable como derecho fundamental, y que es, en parte, una respuesta a los procesos de privatización de este recurso, que, con frecuencia, han conducido a que se niegue a los grupos más vulnerables de la población la posibilidad de contar con agua para beber y para sus usos domésticos, incluyendo las labores agrícolas, y que ha conducido a graves conflictos sociales, como los acontecidos en Argentina, Bolivia y Chile, o en diversas provincias de la India.

Justamente, en Colombia, el referéndum tiene uno de sus orígenes en la gran alarma causada por la presentación en el Congreso Nacional de un proyecto de ley del agua, que establecía unos mecanismos de privatización de este recurso que, claramente, atentaban contra su acceso por parte de amplios grupos de la población y que eran lesivos de los intereses del Estado colombiano, como en su momento lo denunció el experto de la Cepal Miguel Solanes. Por fortuna, el proyecto fue retirado después de ser aprobado en primera vuelta, sin que ello signifique que haya muerto. Y, precisamente, mediante el referéndum por el agua, y como ya lo han hecho otros países, se pretende impedir para siempre que se abran paso este tipo de iniciativas.

En el referéndum también se propone que el servicio de agua potable sea prestado exclusivamente por el Estado, un asunto también objetado por Melo, quien no toma en consideración que, ante la creciente escasez del agua, las empresas de acueducto están en la obligación de impulsar su ahorro y protección. Y que ello no es factible en empresas privadas que, en su legítimo interés de lucro, buscan estimular el incremento de su consumo y encarecerlo artificialmente. Las graves realidades del agua en el mundo de hoy plantean la necesidad de que los acueductos sean propiedad del Estado, y, por fortuna, existen ejemplares empresas públicas del agua en Colombia y en el exterior que demuestran que, además de deseable, es posible.

* Ex ministro de Medio Ambiente
mcrod@cable.net.co
Manuel Rodríguez Becerra

 

 

 
 

 

 

Derechos Reservados de Autor. Jorge Orlando Melo. Bogotá, Colombia.
Ultima actualización Febrero de 2014
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