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Torpeza política y perversión lógica
 

La lectura del fallo de la Procuraduría sobre Piedad Córdoba me dejó con una mezcla de desazón y tristeza. Lo que hizo Piedad Córdoba molesta y deprime. Empeñada en liberar algunos secuestrados, para mantener viva su gestión de paz, hace un esfuerzo desmedido para que las FARC confíen en ella, para crear un ambiente de cercanía y amistad, que le hace perder sensatez y sentido de la realidad. Vimos ya muchos ejemplos del “síndrome del Caguán”, en el que candidatos presidenciales, personajes de toda clase y hasta gentes de Wall Street cedieron al perverso atractivo de la guerrilla, y se ilusionaron con sus ofertas de paz. Las cartas de Piedad (y hay evidencia razonable de que las cuatro que firma Teodora, de septiembre y octubre de 2007, son de ella) muestran un entusiasmo sin realismo sobre las posibilidades de un acuerdo, y reflejan el impacto emocional de su entrevista con Raúl Reyes. Son de imprudencia apabullante: sugiere a las FARC que para hacer un gesto con Chávez libere al menos algunos, aunque no a Ingrid, y les recomienda, obviamente para no obstaculizar la negociación, que no manden videos. El elemento de crueldad recuerda el pacto de Puerta del Cielo, en el que representantes de la “sociedad civil” acordaron con el ELN que no habría más secuestros de niños o ancianos, como si autorizaran el de adultos.

En todo caso, en esas cartas aparece Piedad en una posición en que las FARC, con ilusión patética, sienten que pueden usarla como “idiota útil”, como se decía antes, para lograr el reconocimiento de beligerancia y quizás el poder. Las cartas de los guerrilleros tratan de animarse mutuamente contándose la cercanía de opiniones de la senadora y su acuerdo con el programa político, aunque rechace la lucha armada, su irresponsable opinión de que Venezuela debería dejar de comprarle a las empresas colombianas, sus duras expresiones contra los políticos. La idea de que la negociación llevará a la paz, a la constituyente que dejó entrever, con algo de imprudencia, el presidente Uribe, y a un nuevo gobierno. alienta la euforia delirante de las FARC.

Pero si las cartas de Piedad y las transcripciones e interpretaciones que hacen los guerrilleros de sus palabras deprimen, el fallo de la Procuraduría es más grave. La pobreza en la redacción, el estilo farragoso, la gramática desviada, la torpe pero intencionada adjetivación, la semántica pervertida (“la desmesurada apatía” cuando quiere decir hostilidad, la “capilar cercanía” con las FARC, la confusión de “promocionar” y “promover”) hacen pensar que lo redactó un asesor de segundo nivel, que mezcla la ampulosidad de los tinterillos con el lenguaje pseudotécnico de moda entre algunos abogados.

Pero lo grave es que el documento se orienta a demostrar que recomendaciones, opiniones y actitudes de Piedad Córdoba constituyen delitos, pues son actos de promoción y colaboración con las FARC. La lógica es sofista, tergiversa hechos y palabras, se basa en presunciones dudosas sobre intenciones y disposición anímica de la senadora. Cuando, preocupada porque las FARC dañen el proceso, les recomienda que “no salgan a responder todo”, esto prueba que da “instrucciones precisas a las FARC” y por lo tanto hace una “afanosa y contundente colaboración”. Un comentario contra G. Petro es un “acto” tendiente a que las FARC sea hostil con él (y esto, por ser una instrucción, es un delito). Que les haya contado que el Chocó recibió dinero de Chávez, es sugerirles cómo financiarse, y se “enmarca inequívocamente” en la “acción de promover y colaborar” con las FARC. Decir que comparte los 12 puntos del programa político (un compendio de lugares comunes, escrito para que todos estén de acuerdo) “demuestra una inocultable y decidida posición de colaboración... así como las serias, efectivas y reales posibilidades de asumir un compromiso, tendiente a la promoción del aludido grupo”.

El fallo, con su desproporcionada condena, repite los esfuerzos, tantas veces frustrados por las cortes, por convertir la opinión en delito. Esta vez, su plausibilidad se refuerza con la conducta impropia y políticamente errada de Piedad. Pero ojalá esta lógica inquisitorial, que haría a todos culpables, no se imponga y, como antes, se ratifique la tradición legal de que el error tiene derechos y las ideas, por absurdas que sean, no son un delito.

Jorge Orlando Melo
Publicada en Ambito Jurídico No. 309, 1 de noviembre de 2010

 

 

 

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Ultima actualización octubre 2016
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