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Consideraciones generales sobre el impacto de la violencia en la historia reciente del país

 

La historia colombiana de los últimos cuarenta años está marcada por la violencia. Esta ha estado relacionada en forma estrecha con los principales procesos de cambio político, social y económico. A pesar de todos los esfuerzos, ha sido imposible eliminarla como un elemento central en la vida del país, y en este momento adquiere nuevas y más ominosas características.  

Antes de los años conocidos como “la violencia”, mostró también la historia colombiana momentos de gran conflicto. Esto ha llevado a algunos autores a postular una continuidad fundamental de la violencia en la historia colombiana, y a ver las manifestaciones recientes de ella como expresiones de rasgos centrales de la cultura nacional. Sin embargo, aunque algunos elementos de las violencias históricas pueden tener impacto sobre las formas recientes de ella, los fenómenos de las últimas décadas tienen características propias que hacen necesario subrayar los elementos nuevos aparecidos en épocas recientes. En efecto, la violencia contra los indígenas en la época colonial, las guerras civiles del siglo XIX e incluso los brotes de violencia política de 1932-33 se presentan en contextos radicalmente diferentes y conforman períodos de violencia separados por etapas en las cuales las formas de acción violenta se redujeron drásticamente. Suponer una continuidad causal entre todas las violencias haría imposible comprender los largos períodos de paz que ha tenido Colombia 

La violencia por antonomasia se dio a partir de 1947, cuando los mecanismos que regulan los enfrentamientos políticos se rompieron y fueron reemplazados por el conflicto armado de comunidades y grupos rurales entre sí y de grupos liberales con el gobierno conservador. Una característica central de esta violencia fue el hecho de que se ejerció ante todo por parte de civiles y contra civiles. Aunque sin duda el estado compartía en términos generales el objetivo de “derrotará” a los liberales y reducirlos a la impotencia política, y aunque algunos de los organismos estatales estaban dispuestos a utilizar para ello procedimientos de exterminación física y lo hicieron en ocasiones, en general el estado adoptó más que una actitud activa una actitud de tolerancia y encubrimiento hacia los hechos de violencia contra los liberales. 

Por su parte, con excepción de un corto lapso, la violencia liberal contra los agentes del gobierno y contra los particulares se hizo sin el respaldo, excepto en algunas ocasiones, de los organismos nacionales de dirección del partido. Además la violencia se dirigía preferencialmente contra los conservadores rasos más bien que contra los funcionarios del gobierno o a los miembros de las fuerzas armadas. A pesar de que durante los años centrales de este período murieron quizás unos ciento cincuenta mil colombianos, fueron pocas las figuras importantes, en el terreno político, social o económico, que estuvieron entre ellos. Esto muestra una situación muy significativa de descentralización, geográfica y social, de la violencia, ejercida ante todo en el medio rural y en las poblaciones menores. Por esta razón, esta violencia asumió rasgos que la diferencian de las guerras civiles abiertas, donde rigen ciertos procedimientos “convencionales” y funcionan “esquemas” disciplinarios centralizadores. Ni el gobierno ni los jefes de los partidos políticos se sintieron responsables de los enfrentamientos entre los colombianos, que eran vividos como respuestas inevitables e inexorables de sus partidarios a las provocaciones y las violencias del otro bando. Subrayo estos elementos porque pueden tener algo que ver con los elementos de crueldad, los intentos por suprimir el enemigo “hasta la semilla”, la eliminación de mujeres y niños. Toda guerra genera tensiones en las que estos elementos se intensifican y violentan las formas de autocontrol cultural, moral o religioso; sin embargo una guerra que no se declara y se conduce en forma absolutamente descentralizada hace que los imperativos dominantes no sean estratégicos ni de largo plazo sino que busquen el dominio inmediato y total de una zona, lo que puede invitar a tratar de reforzarlo mediante el terror o la aniquilación del contrario.  

No es pertinente discutir aquí los factores de orden económico y social que pudieron constituir elementos causales en la génesis y la agravación del proceso de violencia. Pero hay pocas dudas que se trató fundamentalmente de un enfrentamiento originado en el conflicto político, que enfrentó horizontalmente a miembros de grupos sociales similares de ambos partidos y que, aunque podía encontrar un lenguaje justificador en los refuerzos por desplazar del estado al bando opuesto, ante todo representó una reacción ante la amenaza de exterminio, cultural o físico, que parecía representar el “enemigo”. Durante su desarrollo, sin embargo, los grupos armados constituidos a nombre del partido liberal pudieron, en algunas ocasiones, incorporar un horizonte de tipo social, que encontraba su lenguaje en la retórica gaitanista del pueblo y las oligarquías o, en unos pocos casos en el lenguaje de la lucha de clases por la revolución social. Además, el contexto social en el cual los grupos campesinos se vinculaban a la lucha armada era el de una sociedad en la que las promesas igualitarias y ciudadanas estimuladas por el liberalismo se habían frustrado, en el que los canales de participación social de los grupos populares, en particular el sindicalismo, habían sido destruidos y en el que el gobierno conservador aparecía como una garantía del orden rural, no importa cuán injusto fuera. 

Un elemento especialmente perturbador del período de la violencia es el papel del Estado, que no fue capaz de conservar siquiera la apariencia mínima de neutralidad en los conflictos políticos. Todos los órganos del poder, incluyendo el sistema judicial, se politizaron radicalmente, destruyendo la legitimidad estatal: ningún liberal podía confiar en la imparcialidad de la fuerza pública o de los jueces penales, ni podía ver a las autoridades como garantes de un orden social que también lo cobijara y lo protegiera. La subordinación del Estado, en todas sus ramas, a metas de partido y la subordinación de las instituciones locales del Estado a los representantes del poder local, llevaron a una seria quiebra en la estructura del Estado y en su legitimidad. 

Y esto, a pesar de que, dado el carácter eminentemente rural de la violencia, y su alta descentralización, la actividad económica en general no parece haber sido afectada negativamente por la violencia, ni lo agentes económicos urbanos perseguidos, no importa cuál fuera su partido. Dicho de otro modo, las garantías legales para el desarrollo de la actividad productiva no se destruyeron en el colapso de la función de orden del estado, al menos en el ámbito urbano. En los campos, es cierto, se dio una amplia sustitución en el mundo de los propietarios, pero también sin que esto afectará los volúmenes de producción. No hay que olvidar que los años de 1947 a 1954 han sido los años de mayor crecimiento en la historia del país. 

Evidentemente, lo que se conoce como “la violencia” es un conjunto de procesos de muy diverso orden. Los conflictos políticos se manifestaron en forma distinta en cada región del país. Las generalizaciones sobre la violencia resultan por lo común bastante inadecuadas para captar sus características reales, dada la gran diversidad de la estructura productiva regional, la existencia de antecedentes históricos diferentes, la variable función del Estado. Del mismo modo, las consecuencias de la violencia fueron muy diferentes en cada región del país. 

Como es sabido, la agudización de las formas de conflicto violento, el aumento del número de guerrilleros en armas, la división interna del partido de gobierno y la aparición de formas de lucha guerrillera que mostraban el afloramiento de una conciencia social y de clase, condujeron al intento de superar la crisis mediante un gobierno militar, el cual estuvo en ejercicio entre 1953 y 1957. Este gobierno adoptó inicialmente una política de amnistía más o menos generosa, que fue acogida por la mayoría de los grupos armados. Sin embargo, frente a los grupos que conservaron las armas, el gobierno trató de lograr un exterminio militar que se extendía también a sus apoyos campesinos. Para tratar de eliminar a los grupos de orientación comunista, que desarrollaban una autoridad local, se realizaron campañas extraordinariamente violentas en el Tolima y Cundinamarca, que no lograron sus objetivos. La violencia rural reapareció, con una nueva definición de sus actores: un sector guerrillero comunista, por una parte, y en otras regiones del país, grupos armados que estaban derivando hacia la delincuencia común y el bandolerismo. 

El derrocamiento del gobierno militar trajo nuevas esperanzas de paz. En efecto los dos partidos políticos tradicionales acordaron un pacto que debería eliminar la fuente central del conflicto interpartidista al establecer un acceso igual a los beneficios del estado para ambas agrupaciones; liberales y conservadores se repartirían los cargos públicos por 16 años, y alternarían en el ejercicio de la presidencia. Una nueva amnistía, acompañada de un plan de rehabilitación, debería permitir el reintegro a la vida civil de los campesinos guerrilleros. A partir de 1957 disminuyó efectivamente en forma acelerada el número de víctimas de la violencia. Sin embargo, el Estado percibió como una amenaza muy grave la supervivencia de organizaciones comunistas de autodefensa, y trató de eliminarlas con métodos similares a los usados por el gobierno militar. Al mismo tiempo, se conservaron algunas de las formas de acción delincuencial de las bandas de origen guerrillero que habían derivado hacia formas de criminalidad común. 

Es difícil afirmarlo con certeza, pero las condiciones vigentes durante los primeros años del Frente Nacional hacían pensable la eliminación de la violencia política. El acuerdo entre los partidos eliminaba la causa principal de ella, o al menos la reducía a una entidad manejable y decreciente. La realización de una reforma agraria debía suprimir algunas de las condiciones estructurales que generaban situaciones de conflicto rural. Los planes de desarrollo social urbano, que incluían el aumento substancial de los gastos en educación y salud, debían a su vez reducir las tensiones urbanas. Sin embargo, se fueron consolidando nuevas situaciones que incubaban los gérmenes de la nueva violencia. El nuevo desafío surgió bajo la forma de organizaciones guerrilleras, que se apoyaban en la tradición reciente del país y en la experiencia de muchos campesinos, pero que partían de formulaciones políticas completamente nuevas y trataban de insertarse en el conflicto social en forma diferente a las guerrillas de corte liberal. En efecto, se trataba de guerrillas de orientación marxista, estimuladas por el ejemplo de la revolución cubana, y que encontraban en algunos rasgos del sistema colombiano las justificaciones para su acción y las esperanzas de lograr un amplio apoyo popular. Estas guerrillas surgieron simultáneamente en varios países latinoamericanos, y sin embargo, en el único país democrático donde lograron implantarse fue en Colombia. Su éxito relativo impidió la reducción de los niveles de violencia rural, y entre 1962 y 1978 se advierte un lento crecimiento de su capacidad de acción, aunque sin que en ningún momento constituyeran amenazas de fondo para la supervivencia del sistema o para el equilibrio político del país. 

Las nuevas guerrillas tenían diferentes perspectivas política, distinta composición social y relaciones muy diversas con los grupos rurales donde actuaba. Las FARC, que eran una continuación de las guerrillas y de las organizaciones de autodefensa del partido comunista, seguían una estrategia de consolidación local, de dominio y captación de la población campesina y de aumento gradual de la capacidad de resistencia rural. Muchos de sus miembros eran campesinos, y en general consiguió, en las áreas de su influencia, mantener o lograr el respaldo o la simpatía de amplios sectores rurales. Los demás grupos estaban conformados por guerrilleros de origen urbano, que trataban con mucho menos éxito de obtener el apoyo de campesinos o trabajadores, y que seguían una estrategia insurreccional que confiaba en la derrota a corto o mediano plazo del régimen político. 

La respuesta estatal al desafío guerrillero fue muy insuficiente. A pesar de la importancia del problema de la propiedad rural en la alimentación del conflicto, los proyectos de reforma agraria fueron prácticamente abandonados, y las corrientes de colonos que constituían el medio ideal para la supervivencia de la guerrilla fueron abandonadas a su suerte. Durante el Frente Nacional se desarrolló la colonización acelerada del Caquetá, Urabá y los Llanos Orientales, y en casi todos estos sitios se reprodujo una estructura de la propiedad que colocaba al colono a merced de la presión y la violencia de los grupos más poderosos. Para muchos de estos colonos la guerrilla era la única perspectiva de contar con algo de protección frente al riego de perder su propiedad o frente a los actos del Estado. La utilización de normas de represión relativamente indiscriminadas y poco eficientes alienó importantes sectores sociales y reforzó la simpatía hacia la lucha armada al mismo tiempo que deterioró la legitimidad del Estado. En efecto, los conflictos estudiantiles, las luchas sindicales, las movilizaciones campesinas recibieron un tratamiento esencialmente militar, que conducía a los dirigentes de estos grupos a orientarse hacia la lucha armada y vincularse a las organizaciones guerrilleras. 

Un rasgo central del Frente Nacional fue la pérdida notable de credibilidad del sistema político. Aunque originalmente había despertado grandes esperanzas de rápidas reformas sociales, pronto el sistema entró en una situación de relativo bloqueo que impidió la ejecución de reformas modernizadoras en casi todos los campos. Los partidos perdieron la capacidad de convocatoria ideológica o pragmática, y sus aparatos se orientaron hacia la conservación de un electorado fiel por medios casi exclusivamente clientelistas. Las limitaciones originales del arreglo constitucional hacían difícil, por otra parte, que aparecieran nuevos grupos capaces de ofrecer una alternativa a la población que iba perdiendo confianza en los partidos tradicionales. Todo este proceso se expresó en forma superficial por la caída abrupta de las tasas de participación electoral que se han mantenido por debajo del 50% durante casi todas las elecciones del período. 

Los anteriores procesos condujeron a que entre amplios sectores de la sociedad la violencia política fuera vista como un medio legítimo de acción. Esto se unía a la percepción del sistema económico como esencialmente injusto, y a la visión del ordenamiento político como radicalmente restrictivo. Esta percepción por supuesto, se apoyaba en aspectos de la realidad. El Frente Nacional fue un período de rápido crecimiento económico. Sin embargo, este crecimiento económico no estuvo acompañado por una reducción significativa del desempleo ni permitió disminuir en forma más rápida los paquetes de miseria más escandalosos de la ciudad o el campo. En estas condiciones se impuso la visión de que los beneficios del desarrollo económico se estaban concentrando en forma escandalosa entre algunos grupos sociales elevados, mientras se obligaba, por la represión del movimiento sindical y campesino, a la mayoría de la población de consumo suntuario, la aparición de grandes fortunas originadas en el mundo financiero o en actividades ilícitas, la idea de que el gobierno, cada vez más corrupto, se había convertido en una fuente de enriquecimiento acelerado para contratistas políticos, no hacía sino reforzar esta visión del país. Desde el punto de vista político, el sistema se percibía como un arreglo entre los dos partidos, como agentes de los sectores económicos dominantes, para mantener la subordinación de los sectores más pobres, mediante las restricciones a la aparición de nuevos partidos, el monopolio de los cargos públicos, la utilización de los recursos del estado en forma clientelista, el uso de la violencia y la represión contra las organizaciones populares y sindicales, el monopolio de los medio de comunicación, etc. Entonces, ante un sistema político que impedía la participación popular excepto en formas manipuladas, y que se negaba a compartir los beneficios del desarrollo, la lucha armada era un recurso legítimo. 

Resulta interesante ver en qué medida, a pesar de los elementos reales que había detrás de la visión anterior, ésta se mantenía vigente pese a la existencia de procesos que podían contradecirla. El carácter restrictivo del sistema político desapareció casi por completo a partir de 1974, cuando se eliminaron las principales limitaciones a la acción política de nuevos grupos. Las instituciones legales daban amplio margen para la organización de partidos o movimientos alternativos, las libertades individuales (y en particular las de expresión y organización) se respetaban en términos generales. En estas condiciones, la debilidad de las fuerzas alternativas se debía en parte a la existencia de condiciones de poder local que hacían difícil enfrentar a los grupos dominantes rurales, al alto grado de violencia que subsistía en algunas regiones y, sin duda alguna, a la ausencia de proyectos políticos alternativos atractivos para la población. El carácter concentrado del desarrollo, documentado en algunas estadísticas, estaba modificado por el impacto de ciertas funciones sociales del Estado. En efecto, la educación creció aceleradamente durante el período en consideración, y los servicios de salud condujeron a una expansión rápida de la expectativa de vida de los grupos populares. Algunos indicadores económicos, como la evolución de los salarios rurales, indicaban la existencia de algunos procesos redistributivos importantes. En general, parecía que, pese a la indudable concentración de los beneficios del desarrollo, éstos habían logrado llegar a amplios sectores de la población y en términos comparativos, el resultado de la evolución del país entre 1960 y la actualidad, resulta más favorable que el de casi todos los demás países latinoamericanos. 

Uno de los aspectos más contradictorios de esta situación ha residido en la dificultad para modernizar el ordenamiento jurídico e institucional. El país ha mantenido un régimen constitucional muy estable que, sin embargo, parece incapaz de responder a las exigencias del país. En efecto, el gobierno ha tenido que apelar reiteradamente al estado de sitio, que se convirtió en la verdadera constitución de Colombia. La incapacidad para derrotar militarmente a la guerrilla, y la debilidad en la lucha política contra ésta, ha llevado a buscar la fórmula de solución en las medidas extraordinarias, orientadas generalmente a reforzar la capacidad de acción militar. El orden público ha ido quedando crecientemente en manos de los militares, lo que ha constituido precisamente una de las raíces centrales de la limitada legitimidad de la acción represiva del Estado. 

Uno de los puntos centrales de la dificultad del Estado para enfrentar las nuevas condiciones surgidas del rápido desarrollo económico y de los grandes procesos de movilidad social que ha vivido el país ha estado en la incapacidad para consolidar un sistema judicial eficiente. En efecto, desde finales de la década de los sesenta era evidente la saturación del sistema judicial, la inexistencia de mecanismos adecuados de investigación, el desajuste entre los criterios investigativos y los criterios judiciales sobre los sistemas de pruebas, etc., lo que condujo a un incremento de los niveles de impunidad hasta grados que equivalían al virtual colapso del sistema judicial. Ante esta situación, los intentos de reforma han sido tímidos y en buena parte formales y la situación real es que quien decide apelar a la violencia privada cuenta en general con la seguridad de que su acción quedará impune, al menos en cuanto tiene que ver con la respuesta de los órganos del estado. 

El modelo implícito de explicación que subyace en los argumentos anteriores podría expresarse del siguiente modo:

Es preciso tener en cuenta tres tipos fundamentales de factores: 

1. Los antecedentes históricos, que operan al definir la cultura del país y al considerar formas de organización guerrillera con amplia trayectoria de lucha. La experiencia de la violencia de los cuarenta y cincuenta marca a amplios sectores de la población, que arrastran las consecuencias hasta las décadas recientes. La percepción del Estado como represivo e ilegítimo, la visión del conflicto político como un proceso que debe conducir al aniquilamiento del oponente, la aceptación de formas de violencia contra las personas, consideradas como crueles en otros momentos, son elementos que refuerzan la posibilidad de violencia en las condiciones actuales. 

2. Las estrategias concretas seguidas en determinados momentos por el estado y los actores políticos.  Las estrategias polarizadoras seguidas por los grupos armados y por el Estado en ciertas circunstancias han impedido aprovechar coyunturas concretas para la reducción significativa de los niveles de violencia o han conducido a la derrota política de algunos agentes de violencia. Como un ejemplo podría señalarse cómo la estrategia represiva seguida por el gobierno de Turbay, que toleró la utilización de procedimientos arbitrarios como la tortura y otros mecanismos afines, dio nueva fuerza moral a los grupos guerrilleros y llevó a un clamor de paz que condujo a los frustrados procesos de negociación. En sentido opuesto, el comportamiento del M-19 en el proceso de paz condujo a que perdiera apoyo y capacidad de reclutamiento, lo cual lo ha llevado a su disposición actual para una negociación final. Uno de los factores centrales en el deterioro de las condiciones de la lucha política en Colombia lo constituyó sin duda la utilización, desde las etapas iniciales de la lucha guerrillera, de formas de acción orientadas a aterrorizar a los civiles o a extraerles recursos mediante la extorsión. El carácter delictivo de la guerrilla colombiana, expresado en el amplio uso del secuestro de personas no involucradas en el conflicto, es uno de los aspectos que han contribuido a que el estado y los particulares adopten formas de lucha igualmente violentas contra los guerrilleros y sus simpatizantes. 

3. Los elementos estructurales del sistema colombiano.  

La desigualdad económica, las condiciones de miseria de amplios sectores de la población, la insatisfacción de necesidades fundamentales, las formas de organización social surgidas de los procesos de urbanización recientes, los valores sociales acogidos por la población, las limitaciones legales o reales a las posibilidades de organización y participación de sectores de oposición, la inexistencia de opciones alternativas para la expresión del descontento, la debilidad de las instituciones estatales y su escasa presencia en determinadas zonas, etc. Estos factores, sin embargo, deben ser tenidos en cuenta en forma dinámica, y en su interacción con los elementos tradicionales y las acciones y estrategias de los actores políticos. En efecto, ninguno de ellos puede explicar adecuadamente el surgimiento de comportamientos violentos, aunque todos pueden contribuir al mantenimiento de condiciones favorables para la violencia, si los antecedentes históricos y las conductas de los actores conducen a la generación de procesos de violencia. Por otro lado, su impacto se produce en buena parte según los ritmos de cambio de los procesos económicos, sociales o políticos. 

Dentro de esta perspectiva, la rapidez de los cambios sociales de las últimas décadas, en un contexto de expectativas frustradas, con antecedentes concretos de violencia, y ante una respuesta extraordinariamente inadecuada del Estado han dado la base para la supervivencia de la violencia política en condiciones en las que los indicadores económicos o sociales, o la apertura de las instituciones políticas, llevarían a considerar inviable todo esfuerzo de lucha guerrillera.  

El panorama anterior se agravó substancialmente con el auge del narcotráfico. Su historia inicial da pie para encontrar algunos de los factores mencionados antes. La baja legitimidad de los mecanismos legales resultaba evidente en la aceptación por amplios sectores de la población de las fortunas ligadas a la exportación de marihuana y en la ineficiencia de la represión estatal. La existencia de condiciones favorables para la búsqueda de cualquier alternativa de actividad económica resultaba clara por la amplia disponibilidad para participar en el tráfico en sectores urbanos con experiencia de desempleo o rebusque, etc. La consolidación del tráfico con el control de un elevado porcentaje del comercio de coca hacia los Estados Unidos convirtió a Colombia, para finales de la década de 1970, en el más importante centro de refinación y exportación de coca. Este negocio condujo a un aumento en los actos de violencia ligados a la delincuencia común, pero sin que se advirtieran peligros excepcionales. Sin embargo, desde sus comienzos el tráfico de coca introducía una serie de elementos que resultarían a la postre muy graves. El tráfico aumentó la corrupción de las autoridades colombianas hasta niveles insólitos. La aparición de las fortunas fáciles contribuyó a acelerar una modificación en los valores sociales que estaba colocando la riqueza y su ostentación como la meta principal de la actividad personal, ahora al alcance de grupos sociales cada vez más amplios. La indiferencia ante la corrupción y la admiración por los grandes traficantes se extendió por todos los sectores de la población. La justicia, ya bastante debilitada, empezó a ceder ante las presiones de los narcotraficantes, de manera que resultaba imposible castigar sus acciones. A comienzos de esta década [1980s] la presencia de los narcotraficantes se convierte en un factor esencial del panorama de la violencia. Ante sus intentos por intervenir activamente en política se producen las primeras formas de rechazo frontal de parte de los sectores tradicionales. La represión ocasional, estimulada además por la presión norteamericana, condujo a los primeros desafíos serios de los narcotraficantes: el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, en 1984, señala la apertura de una primera confrontación decidida entre el Estado y los narcotraficantes. 

Simultáneamente se estaban produciendo fenómenos que tendían a enlazar las diversas formas de violencia. Los grupos guerrilleros habían realizado algunas operaciones conjuntas con los traficantes de drogas, en particular para la importación de armamentos. Simultáneamente se empezó a expandir el cultivo de la coca en áreas de influencia guerrillera: la guerrilla cobraba, como a los demás propietarios, un porcentaje del valor de la cosecha, y eventualmente protegía a cultivadores y procesadores. Al mismo tiempo, los capitales ingresados por la droga al país se orientaron en buena parte, además de la finca raíz urbana, a la adquisición de propiedades rurales. Los nuevos propietarios rurales se situaban en muchos casos en zonas de antigua influencia guerrillera, como el Magdalena Medio, los Llanos Orientales, Urabá y Córdoba. Para grupos con grandes recursos económicos y experiencia en el manejo de gentes armadas, el sometimiento a las extorsiones guerrilleras era inaceptable, y pronto comenzaron los esfuerzos de limpieza de tales áreas. 

El año de 1985 puede considerarse como el del despegue de una nueva etapa en la historia de la violencia colombiana, que trama las diferentes formas de violencia y pone seriamente en cuestión la capacidad del Estado para enfrentarlas. 

La crisis de los procesos de paz llevó a una consolidación de los grupos guerrilleros. Las FARC salieron del proceso de diálogo con una capacidad de acción creciente y con un dominio ampliado sobre las áreas de frontera. Más ominoso aún, el ELN inició una estrategia de terrorismo económico bastante exitosa. Si la consolidación de las FARC no era muy dramática, el renacimiento del ELN constituye un desafío mucho más grave para la capacidad del Estado de imponer el orden en el territorio nacional. 

Por otra parte, el proceso de paz bajo el gobierno de Belisario Betancur produjo entre algunos sectores poderosos una serie de reacciones que condujeron a buscar formas de lucha directa contra las guerrillas. En el campo se fueron consolidando grupos armados privados, financiados con dineros de los narcotraficantes y de hacendados decididos a enfrentar las extorsiones guerrilleras, y que contaban con la tolerancia o incluso el estímulo de las autoridades militares. El paso masivo a la búsqueda privada de seguridad y de justicia caracteriza estos años: en el campo los grupos de sicarios se enfrentan a la Unión Patriótica y a sus bases campesinas, mientras en las ciudades grupos de limpieza de origen policial eliminan a los mendigos, homosexuales y delincuentes menores. Los conflictos entre particulares, en primer lugar en el mundo ligado a los negocios de la droga, pero con una fuerte tendencia a extenderse a otros sectores, se resuelven en las ciudades con el pago de sicarios y el uso de la violencia contratada. El proceso tiene una lógica autoperpetuadora y de bola de nieve: aparece una amplia oferta de delincuentes dispuestos a matar por contrato, y sus actividades independientes generan nuevos niveles de violencia. Para mejorar la seguridad individual se apela a servicios de vigilancia privados y a la contratación de guardaespaldas y matones, que a su vez se desdoblan en otras formas de delincuencia. La población que se siente amenazada se arma, y pronto es frecuente que conflictos menores conduzcan al homicidio. 

Frente al incremento reciente de la violencia, la acción del Estado resulta tímida e ineficaz. Las tasas de homicidio han aumentado sin cesar desde 1985, aunque en algunas ciudades como Cali muestran un comportamiento oscilante. No se han realizado esfuerzos substanciales de mejoramiento de la justicia: los sistemas de investigación siguen tan primitivos como antes, y la congestión de la justicia no se ha aliviado. Las periódicas cruzadas contra el narcotráfico, que siguen usualmente a la realización de algún magnicidio, no han debilitado substancialmente su poder. Inicialmente se detiene un elevado número de personas supuestamente involucradas en diversos delitos, pero pronto quedan en libertad, ante la ausencia de pruebas firmes contra ellas. Sin embargo, durante 1989, después de la matanza de la Rochela, el gobierno inició finalmente un esfuerzo por determinar la responsabilidad de grupos de las fuerzas armadas en las matanzas colectivas y en los grupos paramilitares, lo que ha conducido sin duda a alguna disminución en la capacidad de acción de estos grupos. Más recientemente, la campaña de agosto y septiembre de 1989 contra los narcotraficantes puede haber afectado seriamente su capacidad de acción en el corto plazo, aunque aún es difícil señalar qué tan duradero es este efecto. 

Hasta 1985 las dos formas tradicionales de violencia, aunque crecientes, parecían aisladas y controlables: la guerrilla, aunque temporalmente reforzada, había perdido simpatía en los medios urbanos y su derrota política podía verse como inminente; la delincuencia común, aunque reforzada por los efectos del auge del tráfico de drogas, no parecía constituir una amenaza para el sistema. El relativo crecimiento económico y el desarrollo de planes de rehabilitación en áreas de conflicto rural parecían ofrecer a mediano plazo condiciones para una reducción significativa de la violencia. Sin embargo, a partir de esta fecha, el ascenso de la violencia política ligada al narcotráfico muestra una nueva faceta en el problema de la legitimidad del Estado. En efecto, si la arbitrariedad militar y el uso de la tortura habían debilitado el Estado, la contaminación de las fuerzas del orden y la crisis de la justicia, por amedrentamiento y por corrupción, amenazaban con impedir cualquier forma de victoria sobre la violencia y con la consolidación de la defensa privada en general. 

La política del Estado hacia los narcotraficantes mantuvo durante algún tiempo una clara ambigüedad. Aunque era evidente que se estaba tratando de restringir la oferta de coca mediante la localización y destrucción de laboratorios, en ningún momento se intentó afectar la capacidad financiera de los grandes traficantes, ni impedir u obstaculizar procesos que se realizaban a la luz pública, como la adquisición de un inmenso volumen de propiedades rurales o la consolidación de su presencia en determinadas actividades urbanas. Tampoco ha existido un esfuerzo de investigación que permita acumular cargos para el procesamiento de los grandes traficantes. Según todas las evidencias, la actitud del Estado era la de obstaculizar los movimientos de droga pero permitir la libre utilización, en actividades lícitas, de los recursos generados por la droga. Los asesinatos de personalidades políticas o judiciales alteraban en alguna medida esto, pero dentro de condiciones de impotencia e ineficacia. 

En estas vacilaciones podían influir la evaluación del posible impacto sobre la balanza de pagos de las actividades del narcotráfico, pero sobre todo la percepción, en niveles diversos de las Fuerzas Armadas, de que el enemigo principal era la guerrilla, y que la acción de los narcos contra los grupos guerrilleros o sus simpatizantes iba en un sentido favorable al Estado. El caso de Puerto Boyacá, donde se había logrado consolidar una paz aparentemente sólida a partir del exterminio de los opositores, no dejaba de ofrecerse como ejemplo, y las denuncias contra los paramilitares eran presentadas como maniobras de la subversión. 

La primera justificación, sin embargo, no ha sido muy fuerte. Varios analistas han mostrado que los recursos generados por la droga no son esenciales para la marcha del país, aunque han tenido algunos efectos evidentes, En particular, los ingresos de divisas por droga, que pueden llegar en algunos años a 1.000 millones de dólares, han servido para mantener baja la presión sobre el precio del dólar, sobre todo en el mercado paralelo. La sensación de prosperidad que ha vivido el país no es ajena a la existencia de un dólar relativamente barato, que ha permitido la financiación de importaciones de consumo, sobre todo de contrabando, a precios atractivos para amplios sectores sociales. Sin embargo, no puede dejar de advertirse que el impacto de estas importaciones sobre la industria nacional puede haber sido muy negativo, y que la existencia de un dólar más caro puede ser conveniente tanto para los exportadores colombianos como para la industria nacional. 

En términos abstractos, la prioridad mayor debería estar en el fortalecimiento de los órganos de investigación e inteligencia del Estado y en el mejoramiento de la capacidad del ejército y la policía. Sin embargo, este reforzamiento debería estar acompañado de un mejor control del gobierno sobre las actividades de estos cuerpos, por una clara definición civil de los elementos centrales de la política de orden público y por el establecimiento de procedimientos que garanticen los derechos de los ciudadanos. Simultáneamente, es preciso resolver los problemas centrales de la justicia para que pueda enfrentarse de alguna manera el aspecto delictivo de la violencia. 

El análisis del impacto de los recientes procesos de violencia sobre la población requeriría una investigación que escapa a los marcos del presente artículo. Sin embargo, es conveniente destacar algunos elementos que deberían tenerse en cuenta. El costo de la violencia para el país es difícil de determinar, aunque sin duda abrumador. No hay que olvidar que entre quince mil y veinte mil colombianos mueren anualmente en hechos violentos. Las sumas pagadas por “vacunas” y secuestros, a guerrilleros y delincuentes comunes, representan una carga significativa para los empresarios agrícolas. Los costos de protección, en un país en el que parece haber más de dos vigilantes privados por cada policía, son también muy elevados. La destrucción de riqueza causada por el terrorismo económico y las consecuencias indirectas de los procesos de violencia, como el impacto sobre la inversión de capital, nacional y extranjero, el flujo turístico, la disponibilidad de personal calificado extranjero, etc., son otros aspectos de estos costos que afectan en grado variable a los diversos sectores de la sociedad. 

Por otra parte, las inversiones y actividades de los beneficiarios del narcotráfico parecen haberse concentrado en actividades ganaderas, en la construcción, y en sectores de servicio, en particular los ligados a la recreación. La capacidad de generación de empleo de estos dineros puede ser alta, en particular en áreas como la construcción. Aún así, no es evidente que los ingresos de la droga hayan constituido un claro beneficio para la economía colombiana, aunque es cierto que en su ausencia hubiera sido preciso adoptar políticas de comercio exterior y de divisas mucho más restrictivas que las actuales. 

En todo caso, los hechos recientes han mostrado que cualquier forma de alianza entre el Estado y los narcotraficantes constituye una amenaza para la seguridad misma del Estado, y que es preciso definir, como parte necesaria de una política contra la violencia, una clara política en relación con el tráfico de drogas. 

Las notas anteriores subrayan la dificultad para analizar la violencia colombiana como un proceso homogéneo y que pueda enfrentarse con políticas relativamente simples. Dados sus orígenes históricos, la ejecución de programas de bienestar muy audaces y la ampliación de los canales de participación democrática no tienen necesariamente un impacto de corto plazo sobre su intensidad, aunque sin duda contribuyen a resolver el problema en el largo plazo. Incluso podría sostenerse que en condiciones de debilidad del Estado, procesos de movilización popular ligados a grandes reformas puedan acentuar temporalmente los niveles de conflicto y generar una violencia política de mayor intensidad que la actual. Por ello resulta importante definir una estrategia integral que combine la mayor decisión en los procesos de reforma social con un aumento en la capacidad de acción del Estado. 

En el caso concreto de los sectores más pobres, la violencia tiene un impacto indudable, aunque de difícil medida. Las consideraciones más cualitativas tienen que ver con el modelo político vigente. La estrategia guerrillera, aunque puede haber dado algún grado de protección y defensa a los campesinos de algunas zonas de colonización, ha reforzado las tendencias militaristas del estado colombiano, ha obligado a emplear amplios recursos en sostenimiento de las Fuerzas Armadas y ha deteriorado el clima de enfrentamiento político. Es posible sostener razonablemente, aunque esto sea indemostrable, que la presencia de movimientos guerrilleros en las últimas décadas ha hecho imposible el surgimiento de movimientos sociales y políticos que representen a los grupos más pobres con algún grado de eficacia. El costo para estos grupos de un sistema político que tiende a identificar la movilización popular con la subversión guerrillera y que ha impedido la conformación de un polo de poder alrededor de sindicatos, cooperativas u otras formas de organización popular puede haber sido substancial; la reducción de la capacidad de influencia de los sectores sindicales, por ejemplo, puede ser un elemento esencial de este proceso. 

Por otro lado, la violencia se ejerce en especial contra miembros de los grupos sociales más bajos o contra sus representantes. En el caso de la violencia política, la mayoría de las víctimas son miembros de los grupos populares (campesinos, soldados y policías, guerrilleros, dirigentes sindicales, maestros), aunque algunas de las víctimas más notables pertenezcan a los grupos dirigentes del país. En el caso de la violencia privada, de la que hacen parte al menos el 80% de los homicidios cometidos anualmente en Colombia, las víctimas son también por lo general miembros de los grupos más pobres. El fracaso del Estado para ofrecer una protección adecuada a los habitantes de las barriadas, para castigar a los culpables de operaciones de “limpieza”, para impedir la generalización de una cultura de la violencia y del arma de fuego entre los jóvenes de las comunas populares, constituye uno de los elementos más dramáticos de la pobreza colombiana, pues convierte a la pobreza no sólo en una condición insoportable sino en una marca para la muerte.

Jorge Orlando Melo
Bogotá,1989

Publicado, en versión resumida, en Fundación Escuela Colombiana de Medicina, Violencia, Salud y Universidad,  Bogotá, 1989. Esta versión fue publicada en Jorge Orlando Melo, Predecir el pasado: ensayos de historia de Colombia, Bogotá, Fundación Simón y Lola Guberek, 1992.

 
 
 

 

 

Derechos Reservados de Autor. Jorge Orlando Melo. Bogotá, Colombia.
Ultima actualización octubre 2016
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