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Falsos positivos y positivos ilegales

 

Casi todos los presidentes recientes chocaron alguna vez con sectores militares, y esos choques provocaron el retiro o destitución de Ministros de Defensa o miembros del alto mando. Valencia destituyó a Gustavo Ruiz Novoa, López Michelsen forzó el retiro de Álvaro Valencia Tovar, José Joaquín Matallana y Gabriel Puyana García,  Lleras Restrepo destituyó a Guillermo Pinzón Caicedo, Betancur retiró a Fernando Landazábal, Samper a Harold Bedoya.

Las tensiones tuvieron distintas razones. A veces los militares afirmaban que las condiciones sociales favorecían la acción de la subversión, y proponían programas para ganar el respaldo civil: aunque no fuera su intención, acababan vistos como autores de propuestas políticas que recibían apoyo de la opinión. Otras veces los jefes militares o los ministros objetaban parte de las estrategias de paz del gobierno o el freno a la acción legítima del ejército.

El presidente Turbay Ayala, cuando en las instalaciones militares se torturaba casi públicamente, cedió a las presiones de los altos oficiales, que consideraban que las denuncias afectaban el “honor militar”, respaldó el Estatuto de Seguridad y rechazó, como malintencionadas y subversivas, las quejas contra el ejército.

Desde entonces se repiten los mismos argumentos: las denuncias no son creíbles, son promovidas por la guerrilla o sus simpatizantes, y buscan frenar la acción militar. Puede haber hechos aislados, explicables en una institución tan grande, pero las acciones, de unos pocos o de muchos, no afectan a la institución, que se luce con los éxitos de sus miembros pero no se empaña con sus irregularidades. En este ambiente permisivo, centenares o miles de militares torturaron, colaboraron con grupos armados privados que ejecutaban o desaparecían a los simpatizantes de las guerrillas, estimularon el clima que, sobre todo en los gobiernos de Betancur y Pastrana, como protesta contra sus estrategias de paz, llevó a la formación y consolidación del paramilitarismo.

En esos años se hizo común la idea de que el ejército no lograba actuar con eficacia, no  triunfaba contra la guerrilla, en gran parte por la interferencia de la Procuraduría, de las organizaciones privadas nacionales o internacionales, como Amnisty International o American Watch, acusadas siempre de aliadas del comunismo, o de las Comisiones de Derechos Humanos de la OEA y la ONU. Era como si detrás de un discurso oficial que no podía eludir el respaldo a los derechos humanos, un discurso oculto decía que no había que respetar los derechos de los delincuentes, y que para lograr resultados contra ellos todo estaba permitido.

Gran parte del país aceptó esta lógica de eficacia. Hubo desaparecidos, torturados, asesinados, pero las víctimas eran delincuentes, guerrilleros y terroristas. Pero hasta para un país acostumbrado a justificar la violencia, saber que no solo había positivos ilegales sino positivos falsos, y muchísimos, era intolerable. Y la respuesta del gobierno, del presidente Uribe y del ministro Santos, fue enérgica, decidida y audaz: el retiro de los jefes, por no haber advertido y controlado lo que hacían sus hombres.

Con esto cambiaba una política que, como lo dijo el presidente en Costa Rica, tenía ya 40 años. Y según el vicepresidente Santos, el gobierno “se atrevió a cuestionar los postulados de la doctrina de seguridad nacional” que habría regido en el país. No estoy seguro de que esa doctrina hubiera sido acogida por el gobierno o el ejército, pero parecía aplicarse. Y es asunto de civilización política, que los miembros de las fuerzas armadas renuncien a los falsos positivos, pero aún más, a los positivos ilegales, para que la derrota de la guerrilla, que todos esperamos, no se haga a costa de los valores de Colombia y de su ejército.

Jorge Orlando Melo
Publicada en El Tiempo, 13 de noviembre de 2008.
El autor fue Consejero Presidencial de Derechos Humanos entre 1990 y 1993.

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