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La ley heroica de 1928

 

 

A propósito del estatuto de seguridad de 1978

 El gobierno de Miguel Abadía Méndez estuvo rodeado por múltiples dificultades desde su comienzo, en agosto de 1926. Los altos ingresos de divisas causados por la expansión de las exportaciones cafeteras, el pago de la indemnización de Panamá y la profusión de créditos internacionales permitieron la realización de un ambicioso programa de desarrollo económico durante el anterior gobierno.

Pero el ambiente de bonanza que vivía el país era contrarrestado por el alza acelerada del costo de la vida, provocada por la expansión monetaria generada por el ingreso de moneda extranjera y por severos problemas de abastecimiento agrícola. En efecto, los propietarios rurales habían tropezado con una situación de escasez de mano de obra, ante la migración de trabajadores rurales hacia las zonas urbanas, y con un aumento en las reivindicaciones de aparceros y jornaleros. Un ambiente de agitación social fue ganando vigor, y se expresó en la creación del Partido Socialista Revolucionario en 1926 y en una ola de huelgas que conmovió la tradicional tranquilidad laboral del país. En 1927, por ejemplo, tuvo lugar la huelga de la Tropical Oil Company, reprimida con dureza por el gobierno; poco después se declaró el paro de los trabajadores de teléfonos de Bogotá, en junio de este mismo año, y en julio los obreros de Bavaria abandonaron el trabajo; a finales de año los braceros de Puerto Colombia cesaron sus labores.

Entre tanto, el PSR parecía captar la imaginación de amplios grupos obreros y de clase media, como lo mostró la exitosa gira que a fines de 1927 hizo María Cano por las principales ciudades del país.

El gobierno, por su parte, enfrentaba una compleja situación fiscal y política. Para 1928, el flujo del capital norteamericano se había debilitado mucho y se preveía un elevado déficit presupuestal. El partido liberal había iniciado una fuerte campaña contra la política económica oficial, de la cual fue vocero principal Alfonso López Pumarejo, quien desde el año anterior había comenzado a atacar la política de endeudamiento internacional del gobierno. El partido conservador, por su parte, se encontraba desunido, y una prematura campaña para la selección del candidato a suceder a Abadía Méndez acentuaba las  tendencias a la división.

 En esta situación, el gobierno trató de responder a la agitación obrera y de izquierda utilizando fórmulas represivas. Haciendo uso del llamado decreto de Alta Policía, aprobado en abril  de 1927 hizo detener a casi todos los delegados  a la Convención Nacional del PSR que tuvo lugar en septiembre de ese ,año; los partidarios de  este grupo eran hostilizados y apresados con frecuencia por las autoridades. No sólo el gobierno  consideraba nociva la agitación izquierdista, hl  19 de marzo de 1928 "El Tiempo" afirmo en su  editorial lo siguiente; "Es unánime la censura  contra la debilidad del Gobierno que ha permitido las constantes agitaciones socialistas y las prédicas sobre eliminación de los burgueses y capitalistas, especialmente contra aquellos señalados como enemigos de las llamadas reivindicaciones obreras". Otros grupos liberales, sin embargo, estaban lejos de apoyar esta posición. El mismo periódico publicó el 26 de abril las declaraciones de Alfonso López Pumarejo., en las que afirmaba que "en ocasiones muy adversas, luchando contra todo género de resistencias, Uribe Márquez, Torres Giraldo, María Cano, adelantan la organización de un nuevo partido político que lleva trazas de poner en jaque al régimen conservador; y no es el menor de sus derechos a la simpatía de los espíritus sinceramente democráticos el estar sirviendo en esta hora de confusión y cobardía de exponente del descontento general con la incapacidad administrativa de los encargados de la cosa pública".

Pero el gobierno, que se sentía amenazado, decidió promover medidas más vigorosas y en mayo solicitó al Congreso facultades extraordinarias para modificar el régimen de sanciones penales aplicables a quienes atentaron contra las disposiciones que garantizaban "el régimen de propiedad" y el "orden social". El Senado inició entonces la discusión de un proyecto presentado por Luis Ignacio Andrade, Carlos Jaramillo Isaza y otros senadores conservadores, el cual tropezó inmediatamente con la oposición unánime del grupo parlamentario liberal. La comisión encargada de estudiar el proyecto presentó dos informes. En el de la mayoría, los conservadores decían que "ante la creciente ola de socialismo revolucionario", "no podía discutirse la necesidad de sujetar a la sanción policiva actos como la propaganda contra cualquiera de los fundamentos de la idea de patria, el desconocimiento del principio de autoridad" y en general "los actos que tienden a extinguir o desconocer el sagrado derecho de patria, la legitimidad del derecho de propiedad, la institución de la familia y, en fin aquellos que se encaminen a alterar el orden constitucional o a perturbar el orden público". Pero los mismos conservadores consideraban preferible que, puesto que se trataba de modificar normas penales, fuera el Congreso mismo el que asumiera esta tarea. Para ello presentaban un nuevo proyecto de ley, cuya elaboración fue atribuida al ministro de Guerra, Ignacio Rengifo, quien fue uno de sus más vigorosos defensores en los subsiguientes debates parlamentarios. Entre otras cosas, el proyecto prohibía las organizaciones que atacaran o desconocieran la "legitimidad deis derecho de propiedad", fomentaran la "pugna de clases" o promovieran o sostuvieran "huelgas que no se sujeten a las leyes que las regulen", y castigaba la divulgación de publicaciones, escritos, y carteles que apoyaran cualquiera de los .actos declarados ilícitos. El juicio a los sindicados de violar la ley correspondería a las autoridades de policía.

La minoría liberal, representada por los senadores Carlos Arango Vélez y Pedro A. Gómez Naranjo, se opuso al proyecto por considerar que los hechos realmente delictivos contemplados en él se encontraban ya castigados por el Código Penal. Además, en el debate posterior, los senadores liberales adujeron una serie de argumentos que resulta interesante citar. El senador Gómez Naranjo, en la sesión del 21 de junio, declaró que el proyecto atentaba "contra garantías individuales... libertades de pensamiento, de prensa, de asociación y otros" y afirmó que "los liberales...  no podemos vincularnos a una ley... para restringir las libertades públicas. En esta materia  somos intransigentes". Según el mismo orador "la  reacción necesita cárceles y cadenas, y escoge como víctima propiciatoria al socialismo" y "en  nuestra condición de liberales... como defensores  de la libertad, no queremos que se le cierre el  paso a los partidos nuevos, que representan las  corrientes del pensamiento moderno". Otros liberales argumentaron que el proyecto tenía una finalidad política, "cual es la de apartar la atención  pública de los grandes problemas que confronta  el país, y atraer la burguesía capitalista para que  rodee al gobierno, salvador de los peligros imaginarios creados por ese mismo gobierno". Francisco José Chaux insistió en que el proyecto buscaba implantar una dictadura "disfrazando aquella aspiración con pretextos de defensa social"  sostuvo que el proyecto violaba diversos artículos  de la Constitución y destacó cómo el gobierno se preocupaba por frenar formas de protesta popular mientras no resolvía problemas más urgentes, como la amplia corrupción oficial: "Aquí se ha relajado tanto el ambiente —afirmó— que se venden influencias con el mayor descaro, y el gobierno no se preocupa por conjurar eso".

Por último, los liberales declararon que leyes de este tipo, en vez de prevenir el desorden social, lo provocaban al reprimir o cerrar los cauces legítimos de protesta: "Podrá la mayoría de este Congreso convertir en ley esta serie de atentados contra la libertad de pensar, de hablar y de escribir, pero para hacer efectivas las sanciones penales necesitará hacer uso de las bayonetas. .. (y el) campesino sería el peor de los delincuentes si volviera la bayoneta contra sus padres y hermanos levantados en protesta contra las leyes que tratan de volverlo al estado oprobioso de esclavitud", afirmó el senador Arríela, mientras Carlos Uribe Echeverri decía: "Vendrá en Colombia, debe venir... una horrorosa revolución social, si mantenemos cerradas las puertas del sufragio a las nuevas corrientes de opinión, si ponemos su suerte a merced de la Policía... si no mejoramos la situación general de los trabajadores".

Pese a la unanimidad con que los senadores liberales defendieron sus principios tradicionales, y al apoyo que recibieron de un buen grupo de conservadores, entre quienes se destacaron José Vicente Concha y el gobernador de Antioquia Pedro José Berrío, que opinaban que el decreto violaba la tradición constitucional y jurídica del país, el senado aprobó en julio el proyecto y lo remitió a la Cámara de Representantes.

 Allí el debate fue animado por la actitud de un grupo de conservadores opuestos al proyecto, como Carlos M. Hernández, quien consideraba in constitucional impedir la circulación de escritos  y la fijación de carteles, con base en una sentencia de la Corte Suprema de noviembre de 1914;  Juan Pupo Villa, para quien "las ideas económicas y sociales que determinados individuos lleguen a profesar no se combaten con el sistema de  erigirlas en delito" y J. A. Hoyos, quien dijo que  "por huir del bolchevismo no podemos caer en un  fascismo de la peor especie". A ellos se unió el  dirigente antioqueño Elíseo Arbeláez, que por su  parte motejó el proyecto de "liberticida". Por su  lado, los liberales continuaron insistiendo en que el proyecto, que entonces se conocía ya como de "ley heroica", pretendía desviar la atención del público de la corrupción y sobre todo de la entrega del gobierno a los intereses extranjeros: el representante Bolívar, por ejemplo, alegó que "esta legislación preventiva, este procedimiento sumarísimo" debía haber "ocasionado una profunda satisfacción a las sociedades extranjeras que explotan nuestras riquezas naturales" y "El Espectador" le puso el sobrenombre de Ley Flanagan, en alusión a uno de los principales agentes petroleros del momento.

A los argumentos de orden político se añadieron diversas consideraciones jurídicas, hechas sobre todo por los representantes José Joaquín Castro Martínez y Gustavo Hernández Rodríguez, quienes sostenían que la ley castigaba intenciones no manifestadas en actos, era imprecisa, no daba suficientes garantías contra la arbitrariedad de funcionarios dependientes del Ejecutivo, negaba la libertad provisional, "gracia únicamente negada para los delitos atroces y para otros que determinan claramente la ley penal" y dejaba la calificación de los delitos "a los funcionarios de Policía, que en las provincias son por lo general gentes que carecen de conocimientos jurídicos". Estos argumentos fueron reforzados con citas de los tratadistas conservadores, en particular de José Vicente Concha, cuyos libros subrayaban la necesidad de mantener claramente diferenciados los delitos políticos de los delitos comunes y consideraban "ridículo" que se considerara delito "el propagar máximas o doctrinas que tiendan a destruir la misma Constitución", pues la acción de la ley sólo debía empezar "cuando cesa el debate y empiezan los actos".

Uno de los más fogosos opositores de la ley fue el representante Gabriel Turbay, que la calificó de "lastimoso proyecto" y "anacronismo que deshonra al Parlamento colombiano". Según Turbay, "ese pueblo contra el cual se conspira hoy, al cual se quiere encadenar a una situación desesperada de atropellos y regímenes dictatoriales, es el que mayores derechos tiene para que en un momento dado se convierta en juez inexorable y venga a decirle a los administradores de esta casta plutocrática que su origen no es popular, porque ha tenido origen en las concupiscencias más vergonzosas". Además, el proyecto era inaceptable porque oponía a la "difusión libre de las ideas la fuerza brutal, la ira ciega del polizonte armado", y establecía "una igualdad entre las cuadrillas de malhechores y los grupos de hombres organizados para luchar en favor de determinados ideales".

Aunque como se señaló ya, algunos conservadores objetaron el proyecto, la mayoría dio su decidido apoyo a la iniciativa gubernamental e incluso algunos sostuvieron que no importaba violar la Constitución. Según el representante José María Becerra Cabal, "conforme a la doctrina conservadora, para salvar el orden social, si es necesario pasar sobre la Constitución, debe hacerse, porque es preferible la dictadura de un gobierno ilustrado a la dictadura del proletariado y de la prensa" y el representante Mesa Merlano, aludiendo al puñal del ministro de Guerra, dijo: "ese puñal tendrá brillo magnífico si ha de hundirse algún día en el corazón del primer audaz que ose levantar en Colombia la bandera lóbrega del bolcheviquismo".

 En todo caso, .ante la argumentación de los  opositores, el proyecto fue modificado para ponerlo más de acuerdo con la estructura jurídica  nacional. Fuera de añadir entre los hechos punibles el fomento a la indisciplina del ejército, los  cambios lo hacían menos represivo: en vez de  funcionarios directos de Policía, los delitos serían  juzgados por jueces especiales de Policía, que debían ser abogados y serían nombrados por la Corte Suprema de Justicia, para evitar que dependieran del Ejecutivo; se conferían mayores garantías  a los sindicados al ampliar los términos para aducir pruebas y al precisar los mecanismos de apelación.

 A pesar de estos cambios, el liberalismo continuó considerando en forma unánime, que la ley era contraria a sus principios, y algunos conservadores mantuvieron su oposición. Así, cerrado el debate, un grupo conservador (Carlos M. Hernández, Juan Pupo Villa y F. López C.) dejó una constancia en la que afirmaba que la Constitución y las leyes vigentes daban al gobierno los elementos necesarios para reprimir los atentados contra el orden social, que la ley confería a la Policía "atribuciones muy peligrosas para las libertades ciudadanas", sustraía "ciertos hechos punibles a los jueces naturales para encomendarlos a una jurisdicción especial" y negaba la excarcelación a acusados de hechos menos graves que a otros para los cuales la legislación penal la concedía. Los liberales Gabriel Turbay, Armando Solano, Abel Cruz Santos, Gustavo Hernández Rodríguez y otros sostuvieron en su constancia en la Cámara que el proyecto estaba llamado a desencadenar sobre la república "el azote de la intranquilidad social, ya que no hay razones para suponer que el pueblo colombiano haya llegado a tal estado de inconsciencia y de pasividad capaz de aceptar con resignación el desaparecimiento de la libertad!" y ponía en manos "de autoridades especiales, erigidas con fines de persecución... al periodista independiente, al propagandista de las ideas de progreso social, a cuantos declaren su inconformidad con los actuales métodos administrativos, o con los atentados contra la soberanía nacional". En el Senado, Carlos Uribe Echeverri, Francisco José Chaux, Carlos Arango Vélez y Pedro A. Gómez Naranjo encabezaron la constancia final del liberalismo, que destacaba cómo el proyecto reconocía "implícitamente que el Poder Judicial de la República, tal como ha estado organizado por la Constitución y las leyes vigentes, no sirve para la debida administración de justicia".

Por fuera del Congreso, la prensa liberal había realizado una vigorosa campaña contra el proyecto, con el respaldo del liberalismo, de conservadores republicanos y de los partidarios del socialismo, sectores que además se habían unido en  una campaña de apoyo a los sandinistas de Nicaragua. Un buen ejemplo de la actitud de la  prensa lo da el editorial de "El Espectador" que  fue añadido a la constancia liberal en la Cámara:  "Con (esta ley) o sin ella, la turbación del orden  público y la inversión violenta del orden social  son igualmente posibles... si persiste el propósito  de hostilizar y perseguir a las clases obreras hasta la desesperación, acusándolas de delitos imaginarios, suponiéndoles iniciativas criminales... abrumándolas de impuestos odiosos y de obligaciones abusivas... y encareciéndoles la vida hasta el absurdo para proteger intereses particulares".

Pese a todo, el Congreso aprobó el proyecto de ley, contra el voto de todo el liberalismo y de unos cuantos conservadores legalistas, el cual fue sancionado el 30 de octubre de 1928 como la ley 69 de ese año, "por la cual se dictan algunas disposiciones sobre defensa social". En alguno de los momentos del debate, el representante liberal Bolívar había aludido a la situación de la zona bananera, donde en su opinión la United Fruit Company violaba descaradamente las leyes del país: "Allá están, dijo, esos millares de proletarios esperando la acción del Estado en beneficio de sus modestos intereses... ¿Y si esta acción no llega? ¿Se dirá cuando los trabajadores reclamen sus derechos, cansados de esperar, que se inicia un movimiento comunista, y enviará sus tropas, a debelarlo, el señor Rengifo?" En efecto, pocos días después de aprobada la ley, los trabajadores de las bananeras declararon la huelga y el 5 de diciembre el ejército disparó contra la multitud reunida en la plaza de Ciénaga. La reacción del país por la masacre no se hizo esperar, y el ministro de Guerra Ignacio Rengifo tuvo que presentar su renuncia. No mucho después, el régimen conservador llegaba a su término...

Cali, Septiembre de 1978                                        

 
 

 

 

Derechos Reservados de Autor. Jorge Orlando Melo. Bogotá, Colombia.
Ultima actualización octubre 2016
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