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El liberalismo colombiano y la democracia
 

Ayer se señaló que algunos términos usuales del debate político, como democracia, izquierda, liberalismo, tienden a desgastarse y a adquirir un sentido confuso. Sin embargo, todos sabemos que las monedas desgastadas son admitidas para comprar en los almacenes y siguen siendo de todas maneras útiles, a pesar de las confusiones que ocasionalmente provocan. Lo mismo ocurre con estos términos.

 Pero por eso, resulta importante aclarar lo que entiendo por "liberalismo" en su sentido general, con independencia del grado en que las ideas liberales hayan sido acogidas o incorporadas al partido liberal colombiano. Como se señaló ayer, en otras exposiciones, el liberalismo del siglo XVIII se configuró alrededor de dos ideas fundamentales: la de defensa de los derechos y libertades individuales contra toda forma de opresión estatal, y la de la necesidad de un sistema político representativo que constituyera una garantía contra las posibilidades de que el estado infringiera los derechos del ciudadano. Este sistema político está basado en la separación de poderes o ramas del poder público; así, la existencia de órganos legislativos, ejecutivos y judiciales, independientes entre sí, se convierte en el mecanismo que permite el florecimiento de libertades de pensamiento, conciencia, expresión, movilización y trabajo, etc.

Debe quedar claro, por otra parte, que estas ideas liberales, cuyos exponentes paradigmáticos son Locke y Montesquieu, surgieron en forma independiente, con excepción tal vez de Rousseau, de una visión democrática de la sociedad. La visión liberal fue defendida o impulsada principalmente por la burguesía europea y por algunos grupos intelectuales, y en ellos el liberalismo político estuvo estrecha mente ligado a la idea de una economía liberal, y habitualmente se contrapuso a lo que podríamos llamar una perspectiva democrática. Porque no es lo mismo pensar que deben respetarse los derechos individuales a pensar que el pueblo tenga el poder, y este último es el sentido original e inmediato de la idea de “democracia”. Puede existir un régimen liberal, respetuoso de los derechos individuales, que no sea popular, donde el poder esté en manos de un grupo social relativamente estrecho. Así ocurrió, efectivamente, durante los primeros tiempos del liberalismo.

Pero tanto en Europa como en Colombia las dos corrientes ideo lógicas mencionadas, independientes en sus orígenes, comenzaron a confluir desde mediados del siglo XIX, para usar una fecha no muy precisa. El doctor Gerardo Molina mostró justamente en su exposición de ayer algunos de los elementos democráticos incluidos en las primeras formulaciones explícitas del libera4ismo colombiano en 1849. En ese momento, el liberalismo surgió, al menos parcialmente, como un partido liberal-democrático, y esta confluencia hace parte esencial de su tradición, así haya sido abandonada en algunos momentos de su historia. Es esta una de las peculiaridades del partido liberal colombiano, que aparece cuando se compara con otros partidos liberales, y es justamente la que explica que haya logrado subsistir en Colombia, conservando su nombre y hasta cierto punto una continuidad ideológica e histórica, cuando en otros países, donde el liberalismo acentuó únicamente su vertiente “liberal”, vinculado usualmente a una ideología estrechamente empresarial, desapareció o se convirtió en una agrupación minoritaria.

La confluencia entre liberalismo y democracia estuvo facilitada teóricamente por la idea de que todos los hombres tenían un derecho igual a participar en los beneficios del desarrollo social, idea en la que se unían el concepto de igualdad legal de todos los hombres con el de igualdad substancial de estos. En el siglo XIX podía creerse que el individuo podía desarrollar todas sus capacidades humanas en el marco de una sociedad y una economía liberales. Por eso el hecho señalado por el doctor Molina ayer, de que en la Nueva Granada los prohombres liberales hubieran planteado simultáneamente la defensa de las libertades individuales y los derechos humanos, y la defensa de un modelo de acción estatal que no interviniera en la economía, no es tanto un error como una consecuencia inevitable del

sistema de conceptos mencionados. En ese momento se creía que el juego automático de los mecanismos del mercado, en una economía de libre empresa, permitía precisamente lograr los mayores beneficios individuales, económicos y sociales, para todos. Se pensaba que cada persona, buscando su propio interés individual o priva do, actuaba en la economía, en la producción, la distribución o el consumo, de tal modo que se lograba automáticamente el bienestar para el mayor número posible, como lo habría dicho Bentham, y el mayor beneficio para el conjunto de la sociedad, que era sólo la suma de los beneficios de los individuos.

El problema para el liberalismo surgió al entrar en crisis esta visión individualista de la economía y la sociedad, lo que ocurrió en Europa a mediados del siglo XIX. Empezó a advertirse entonces que el juego libre del mercado, aunque aumentaba la productividad e impulsaba un acelerado crecimiento económico, producía continuamente un efecto especial: el mantenimiento de una sociedad dividida en clases con intereses opuestos, en la que los grupos con el control de la propiedad, del poder político y de la información pueden tener un acceso libre a los beneficios producidos por el desarrollo económico y social, mientras que otras clases sociales quedaban por fuera de tales beneficios. Se veía entonces que la economía liberal producía la felicidad de un corto número a costa de la miseria o la degradación de la gran mayoría de la población. Por esta razón importantes sectores del pensamiento liberal europeo —y el ideólogo que surge a la mente, es por excelencia John Stuart Mill—, acabaron reconociendo la necesidad de una intervención continua del estado para corregir los efectos inevitables de la economía liberal. Bentham, uno de los pensadores que mayor influjo tuvo sobre los ideólogos y políticos colombianos, se enfrentó explícitamente a este dilema, al recordar  que el liberalismo defendía la ausencia de intervención estatal, la que producía una desigualdad social creciente, pero al mismo tiempo había prometido, —efecto de sus aspectos democráticos iniciales—-, la igualdad social . Para Bentham era preciso elegir entre las ventajas de un crecimiento acelerado de la economía, acompañado por la concentración de riqueza y la desigualdad, resultados todos del libre juego del mercado, y los beneficios de una acción del estado por lograr el ideal democrático de la igualdad. Bentham, buen liberal, concluía que no podía sacrificarse el crecimiento económico y la libertad de mercado en favor de la igualdad.

Esta tensión entre liberalismo y democracia, entre crecimiento de la economía e igualdad, entre los beneficios de los empresarios y los beneficios de la sociedad, trató de resolverse de muy diversas maneras. Por ejemplo, en los Estados Unidos y. en muchas partes de Europa se planteó lo que podríamos llamar un liberalismo utópico, basado en la idea que la sociedad debía convertirse en un conglomerado de pequeños propietarios, donde todos los hombres tuvieran acceso a la tierra y por lo tanto a la independencia personal y a la capacidad de intervenir razonablemente en política que, para los liberales, sólo podía tenerla quien fuera propietario. Por supuesto, esta “utopía” jeffersoniana iba en contra de tendencias más vigorosas de la economía, pues la revolución industrial del siglo XIX sólo fue posible mediante la expansión de la población asalariada, es decir mediante el aumento del número de gentes sin propiedad. Por otra parte, si todos los hombres no eran propietarios no podía realizarse la promesa liberal de igualdad, así fuera puramente política. Todos los pensadores liberales de la primera mitad del siglo XIX estaban de acuerdo en que quien no fuera propietario no podía intervenir responsablemente en la política, y no gozaba de la libertad necesaria para tomar decisiones de acuerdo con su razón. Por eso las constituciones colombianas del siglo XIX, como las leyes electorales inglesas, reservaron el voto para quienes tuvieran ciertos ingresos mínimos o al menos tuvieran un determinado nivel educativo. Y así se entiende cómo quienes creían que el liberalismo debía promover una sociedad democrática tenían que propugnar porque todos los hombres fueran propietarios. En Colombia se encuentran esbozos de esta idea en figuras como Manuel Murillo Toro, Rafael Núñez en su época radical o Salvador Camacho Roldán, pero su formulación más clara se encuentra sin duda en la obra de Alejandro López a finales de la década de 1920.

La otra respuesta que se ha dado a la comprobación de que el liberalismo económico, el capitalismo, produce al lado de la riqueza la miseria de las grandes masas, ha sido la que tan grande éxito ha tenido en la sociedad europea de este siglo, por supuesto sobre la basé de un previo desarrollo económico muy elevado. En Europa, se ha mantenido en esencia un sistema político liberal, con un régimen jurídico y legal que permite la competencia política no violenta y respeta en general el sistema de derechos y libertades individua les, y se ha conservado un sistema económico basado en la libertad de empresa y en el capitalismo. El estado interviene para evitar los peores defectos de la libre empresa y contribuir al éxito de la iniciativa empresarial privada, pero interviene también para realizar una amplia distribución de bienes y servicios. En vez de usar el poder del estado para modificar el sistema capitalista alterando la distribución de la propiedad productiva, la que se encuentra tan concentrada en Europa —incluso en Suecia o Inglaterra— como en cualquier país donde impere el capitalismo más crudo, la capacidad estatal se usa para redistribuir, sobre todo mediante un sistema tributario progresivo, los beneficios del crecimiento económico y en general de la producción. Así, el sistema económico produce nueva desigualdad, mantiene clases sociales más o menos antagónicas, concentra la capacidad de decisión económica, y todo esto se considera necesario y conveniente para mantener los estímulos al crecimiento económico, al ahorro y la inversión. Pero el estado, al establecer reglas para el funcionamiento de la economía y para el manejo de las relaciones entre empresarios y asalariados, interviene para corregir en forma continua las desigualdades permanentemente renovadas. Así se estableció el estado del bienestar, muchas veces por la presión y bajo el control de partidos de origen obrero, como el laborismo y las socialdemocracias.

Ahora bien, el partido liberal colombiano, en el momento de su surgimiento, hizo énfasis en lo que corresponde al aspecto puramente liberal, en la lucha por ciertas libertades individuales, en la defensa de una educación libre del control de la iglesia, y ‘en una actitud hacia el estado que insistía en su debilitamiento para ampliar la esfera de acción libre de los individuos. Sin embargo, desde sus orígenes incluyó algunos elementos de la constelación ideológica democrática, mezclados en forma diversa entre los grupos que lo configuraron. Así, como lo señaló ayer el doctor Molina, desde el año de 1849 el partido planteó como parte dé su programa el sufragio universal, y la constitución de 1853, en acto que apenas tenía antecedentes en Europa (La Francia de 1851), consagró el derecho al voto de todos los ciudadanos. Este, sin embargo, sólo se ejerció real mente entre 1853 y 1857, y luego esta idea dejó de hacer parte del ideario liberal por varias décadas. Al mismo tiempo, los grupos contrarios a los gólgotas y radicales rechazaron los efectos que ciertos aspectos del liberalismo económico tenían sobre el bienestar económico de artesanos o gentes sin recursos. Así pues, aunque en el complejo de ideas del liberalismo colombiano dominaban el liberalismo económico y político, tenían algún peso, así fuera subordinado, las ideas democráticas de participación popular en el poder y de la necesidad de, que el estado interviniera en la economía para corregir los efectos del mismo liberalismo.

Estos contrastes ideológicos correspondieron a una clara división dentro de la coalición de sectores sociales que, como lo mostró il doctor Molina ayer, conformaban el liberalismo de mediados de siglo pasado. En el liberalismo había artesanos, intelectuales, profesionales, comerciantes, propietarios rurales, etc., y el conflicto entre los intereses y las ideas de estos grupos llevó rápidamente a una tensión que puso en crisis el partido liberal. Entre 1851 y 1855 los artesanos urbanos y los comerciantes liberales se enfrentaron cada vez con mayor vigor, y este enfrentamiento concluyó con la derrota de los artesanos y de sus defensores políticos. A partir de entonces el liberalismo, cuyo elemento popular expresado ante todo por los artesanos había sido tan importante, pasó a ser conducido en una forma que corresponde a la hegemonía, dentro de él, de los grandes comerciantes, de los empresarios rurales de exportación y de quienes impulsaron el desarrollo de un sistema bancario nacional. Los artesanos perdieron importancia política durante casi todo el resto de siglo, y fue el grupo radical y para usar un término no muy científico y algo antipático, “oligarca”, el que controló y orientó el partido liberal.

No hay duda de que el liberalismo, durante el período de 1850 en adelante, desempeñó una importante función en la historia del país, pero no fue la de desarrollar los elementos democráticos del sistema político, sino la de incluir en la cultura política nacional ciertas ideas fundamentales del credo liberal, como la libertad de conciencia, la libertad de expresión y de prensa, el establecimiento de un sistema jurídico de defensa de derechos individuales y de un sistema republicano y representativo de organización política. Al mismo tiempo, impulsó una serie de transformaciones económicas que correspondían al intento de desarrollar el país mediante su incorporación en la economía capitalista mundial, como el establecimiento del llamado libre cambio, la eliminación de la esclavitud, la eliminación de las desigualdades legales entre los colombianos, la supresión de los monopolios coloniales y en general la reducción o eliminación de múltiples restricciones a la libre utilización de los recursos productivos.

No sobra recordar que aunque haya sido muy importante la tarea “educativa” ‘del liberalismo en la incorporación de los ideales libera les en el país, esta se hizo en forma en buena parte superficial, y existió una gran distancia entre los programas y declaraciones oficiales del partido y su práctica real. La tentación del poder, la necesidad de conservar el mando, hizo que la era radical se diera un frecuente contraste entre los principios y los hechos. Para señalar casos más o menos extremos, basta recordar cómo mientras se defendía la libertad de conciencia, se actuaba en general de acuerdo con la idea de que, por ejemplo, como los jesuitas eran enemigos del liberalismo y el gobierno y aliados de los conservadores, no podían gozar de esa libertad de conciencia o de expresión, o, cómo, aunque se defendiera la propiedad privada, la iglesia no podía tener derecho a tal propiedad. No menos agudo fue el contraste entre la defensa de un sistema de gobierno representativo, basado en el sufragio, y la voluntad frecuente de apelar a todos los medios- el fraude o la violencia, el uso de la guardia nacional- para garantizar ejecutivos que permitieran ganar las elecciones nacionales. El ejemplo más palmario de esta actitud, que expresa una profunda crisis ética y política del radicalismo, lo da el famoso discurso, no sabemos si cínico o irónico, de Francisco Eustaquio Alvarez en 1879, cuando declaró que el liberalismo había llegado al poder por medio de las armas y no iba a perder con papelitos lo que había conquistado con aquellas.

La superficialidad de la incorporación de la tradición liberal en la vida política nacional del siglo XIX y la incongruencia entre un partido liberal que para mantenerse en el poder debía abandonar sus propias ideas fundamentales, son algunos de los elementos que explican la crisis política que llevó al país a la Regeneración. En 1886 se estableció una constitución autoritaria y a partir de entonces dominaron regímenes que pretendieron renunciar a muchas de las ideas y realizaciones impulsadas por el liberalismo. La reacción extrema de estos años, impulsada por el desencanto con un régimen liberal que había generado una continua alteración de la paz pública, provocó a su vez mayores perturbaciones nacionales, llevó a nuevas y más violentas guerras civiles y colocó otra vez el sistema institucional de país en una situación de aguda crisis. Tras el intento de resolverla por medios dictatoriales, también fallido, el liberalismo logró que la constitución de 1910 incorporara al ordenamiento político nacional algunas de las demandas que venía haciendo desde 1886. Entre estas habían desempeñado papel substancial, como es lógico en un partido minoritario y sin acceso alguno al poder, la defensa de un sistema electoral honesto y equitativo, el reconocimiento de la participación de las minorías en el legislativo y el poder judicial y la ampliación del sufragio. Alrededor de esta búsqueda de reglas de juego adecuadas para dirimir los conflictos entre los sectores dominantes del país expresados en ambos partidos, se formó la coalición “republicana” —una de esas coaliciones que tantas veces han surgido en la historia nacional para responder a las situaciones de pérdida general de legitimidad—, mediante la cual sectores modera dos de ambos, partidos lograron establecer a partir de 1910 una forma de organización política republicana, más o menos estable, y que restableció en la constitución, por primera vez desde 1857, el sufragio universal, y por lo tanto al menos el principio formal de la participación de todos los colombianos en el poder.

La garantía así fuera restringida de unos derechos mínimos de las minorías, contribuyó a que el país gozara de una pausa más o menos larga en la violencia política que caracterizó la historia nacional durante el siglo XIX; esta pausa dio campo para que se aceleraran diversos procesos de cambio económico y social que influyeron a su vez en forma muy fuerte sobre el partido liberal. Como se sabe, las tres primeras décadas del siglo estuvieron caracteriza das por un impresionante auge de la economía cafetera, por la iniciación del proceso de crecimiento de ciudades modernas, la aparición de clases medias urbanas, de nuevos grupos de asalariados y en especial por el surgimiento de la industria. Estos cambios encontraron su expresión en el liberalismo, cuyos orientadores respondieron con bastante fortuna a la nueva realidad social del país.

Una de las primeras transformaciones del liberalismo reside en el abandono de la teoría clásica de la no intervención del estado en la economía. Desde la primera década del siglo este abandono encontró su portavoz en Rafael Uribe Uribe, quien defendió la conveniencia de la intervención gubernamental en la economía. Dada la ideología de la época, esta intervención estatal era identificada fácilmente con el socialismo, y el mismo Uribe Uribe afirmaba que el liberalismo debía beber en las fuentes del socialismo, es decir defender una intervención estatal desde arriba en la economía, con lo que contraponía su socialismo a un socialismo que describía como “desde abajo”, democrático o popular. Alejandro López, en la década del 20, confirmó y desarrolló esta posición intervencionista, que encontró su realización en el programa liberal de 1935 y ante todo en la orientación del gobierno de Alfonso López Pumarejo y de algunas de sus realizaciones más visibles, como la reforma constitucional en su artículo 30, la ley 200, la reforma tributaria, etc. Este abandono del liberalismo clásico, al que se opusieron algunos liberales, encontró una expresión doble y cobijó dos orientaciones ideológicas diferentes, aunque no excluyentes: por un lado permitió afirmar y justificar la acción estatal para dar impulso al desarrollo económico y apoyo a los sectores empresariales del país, mediante medidas como la protección aduanera a las industrias nacionales, la creación de instituciones estatales de apoyo a la producción, etc.; por el otro llevó a estimular los intentos de regular las relaciones entre los sectores empresariales y asalariados para corregir, mediante la seguridad social, la legislación laboral, la regulación de los conflictos laborales, etc., las situaciones ex tremas de desigualdad que podían generarse como resultado del juego espontáneo de las fuerzas del mercado.

Esta reorientación política permitió al liberalismo acrecentar su respaldo y salir de su condición minoritaria con notable rapidez. Los grupos urbanos obreros, artesanales y algunos sectores intelectuales, que habían tenido algunos coqueteos en la década del 20 con perspectivas políticas socialistas, encontraron en el partido liberal un defensor más eficaz de sus intereses inmediatos, mientras que muchos empresarios industriales y agrarios encontraban en él una visión coherente del desarrollo económico, realista y adecuada a las situaciones locales e internacionales del momento. Así, el liberalismo encontró adhesión entre diferentes clases sociales, y este policlasismo no sólo consistió en contar con el respaldo de votantes o electores de todas las capas sociales sino en la existencia de un amplio abanico de orientaciones políticas. Utilizando las palabras “gastadas” a que aludimos antes, puede decirse que existía en el liberalismo de los años treintas una derecha liberal, caracterizada por la confianza en las leyes de la economía y el apego al principio de la no intervención, una izquierda que trató de incorporar elementos abiertamente socialistas y contrarios a la empresa privada en el programa liberal y un centro, que buscó conjugar la defensa de un modelo de desarrollo basado en el apoyo a los grupos empresariales privados con cierto grado de protección a los intereses inmediatos de algunos sectores populares. La mejor expresión de este centro liberal fue sin duda Alfonso López, bajo cuyo gobierno se completó el proceso iniciado en 1910, de generalización del sufragio, al extenderse la votación universal y directa a todos los cargos electivos públicos. De este modo por primera vez la constitución establecía al menos formalmente –y dejando de lado a las mujeres, es verdad- el carácter democrático del sistema político colombiano, al determinar que todo colombiano, sin tener en cuenta su grado de educación o su riqueza, tenía un derecho igual a participar en las decisiones acerca de la orientación política de su país. Por otro lado, el desarrollo de la organización sindical, dio por primera vez alguna participación, así fuera mínima, a los trabajadores sindicalizados en la política nacional.

El proceso mediante el cual los gobiernos liberales trataron de desarrollar la capacidad de intervención del estado en la vida económica y de ampliar la participación de algunos sectores populares en la vida política, así como de retomar la defensa de algunos de los ideales del liberalismo del siglo XIX (libertad de conciencia, separación de iglesia y estado) se hizo en medio de grandes tensiones, agravadas por las dificultades para establecer un sistema electoral ajeno al fraude y la violencia. La simple ley 200, a pesar de la timidez de sus intenciones reformistas, provocó una alianza de propietarios liberales y conservadores contra lo que veían como una amenaza radical al orden social del país. Y este es sólo un ejemplo de la polarización creciente de los grupos políticos que condujo, tras la división liberal, al gobierno conservador de 1946. La división liberal, por su parte, provenía en parte de un conflicto interno entre una visión liberal que acentuaba la modernización del país dentro del modelo liberal capitalista y una confusa tendencia democratizante, que pretendía, como la estableció el programa liberal de 1947, que a la democracia formal y legal garantizada ya por el sistema constitucional colombiano, se añadiera una democracia social, una democracia real, la democracia económica. Aunque en sus líneas generales la plataforma de 1947, obra en lo esencial de Jorge Eliécer Gaitán, mantenía la adhesión básica del liberalismo a un sistema económico capitalista, los elementos intervencionistas e igualitarios abrían camino para la aparición de tendencias socializantes, y el temor de que estos esbozos se desarrollaron no fue ajeno al surgir de la violencia, agudizada a partir de la muerte en 1948 del caudillo liberal y que frustró el proceso de radicalización democrática del liberalismo.

Por esto cuando en 1957 se recuperó la llamada normalidad institucional el liberalismo puso todas sus energías en la consolidación de lo que 20 ó 30 años antes parecía ya un logro irrenunciable de la cultura política del país y concentró todos sus esfuerzos en establecer uno de los elementos esenciales, aunque no suficientes, de todo sistema liberal democrático: la existencia de un esquema de reglas de competencia política aceptables para el país, que sean aplicables con un mínimo de violencia extra-institucional. Era preciso que volviera a lograrse un consenso de respeto por el sistema institucional legal, por los organismos representativos, por el juego político constitucional, y en la medida en que esto requería tranquilizar a los interlocutores políticos (ante todo los conservadores, pero también los militares), el liberalismo comenzó a hacer una serie de concesiones que poco a poco parecen haberse ido convirtiendo en su segunda naturaleza. Para garantizar la adhesión del conservatismo al sistema representativo liberal, fue preciso establecer una democracia explícitamente restringida, con paridad y alternación, Se abandonaron casi todos los proyectos de reforma social y en el proceso de 20 y más años de acuerdos, el liberalismo acabó integrado a una perspectiva, a un programa social y económico que no es posible diferenciar del propuesto por el partido conservador. Ayer alguien preguntaba por qué había sido tan fácil el acuerdo del liberalismo con el conservatismo, mantenido en los 20 años del Frente Nacional y renovado por no sabemos cuántos años más, por qué el liberalismo había abandonado aquellos programas reformistas que le daban su atractivo popular.

No puede dudarse de que una razón está en el respiro del país por la disminución del clima de violencia que se logró mediante tales acuerdos. Pero otra, que pudo tener tanta importancia como la anterior para conservar el mínimo piso político necesario para hacer tan fuertes concesiones al conservatismo, esta en el acelerado desarrollo económico que ha tenido el país a partir de 1945 y en particular de 1967. Ante el evidente crecimiento de la capacidad productiva nacional muchos sectores del liberalismo, que veían con sospecha y desconfianza el orden capitalista, perdieron fuerza frente a quienes, sobre todo vinculados a los sectores empresariales, podían mostrar que el sistema de libre empresa producía un acelerado crecimiento de la economía. Además, este mismo auge amplió y dio mayores recursos a los grupos empresariales modernos, colocados en el sistema bancario y financiero, en el sector industrial y en el sector rural. El hecho es que desde el punto de vista de lo que el lenguaje marxista define como el “desarrollo de las fuerzas productivas”, el capitalismo colombiano resulta bastante exitoso. Sería fácil mostrar que desde otros puntos de vista —la concentración y distribución de los beneficios de ese crecimiento, el aumento del bienestar social, etc.-, los resultados han sido mucho más escasos, pero los triunfos económicos deslumbraron bastante a los dirigentes liberales. Recordemos, para ilustrar lo anterior, como Carlos Lleras Restrepo propuso en 1960 una reforma agraria mucho más drástica de la que fue aprobada en 1961 y 1968 y nunca aplicada; a finales de la década del 70, después de casi 15 años de acelerado desarrollo capitalista rural, Lleras aceptó que los empresarios del campo habían sido capaces de modernizar en lo esencial la producción rural y que ya no se justificaba hablar de una reforma agraria como la que antes se proponía. Estos brillantes resultados económicos del país, entonces, permitieron al liberalismo abandonar su tradición reformista y definirse, desde el punto de vista de sus programas políticos, por el mantenimiento de un sistema de reglas institucionales más o me nos representativas y de un conjunto de derechos individuales como el que había declarado defender a lo largo de toda su historia, y desde el de sus proyectos económicos, por una perspectiva de desarrollo del país que se identifica en lo esencial con el modelo propugna do por los empresarios colombianos. Hoy no es posible encontrar contradicción alguna entre la orientación de la política económica defendida por el liberalismo y la que promueven los dirigentes industriales, los grandes propietarios rurales o los gestores de los grandes grupos financieros e industriales. Pero mientras puede decirse sin vacilar que los principales dirigentes del partido liberal de hoy se han unido al águila, y nada los separa del Grupo Grancolombiano o del Grupo Santodomingo, sí ha ido creciendo la tensión entre los puntos de vista de aquellos grupos que tradicionalmente pudieron sentirse representados por tal partido, como los obreros organizados, las capas medias urbanas, los inmigrantes recientes a las grandes ciudades, y la política económica de los gobiernos liberales, sobre todo a partir de López. Ante todo, porque en la práctica se ha ido imponiendo más y más la idea de que con tasas de crecimiento tan elevadas como las que rigen en el país basta promover las condiciones adecuadas para el desarrollo económico impulsado por las empresas privadas y los dirigentes económicos particulares, y la confianza en que por añadidura vendrá la distribución de los beneficios del desarrollo. Así, lo que hace 6 u 8 años se presentaba en forma crítica como el “desarrollismo” impulsado por Alvaro Gómez Hurtado –la idea de que era necesario primero desarrollarse para pensar luego, en un futuro que se aplaza siempre, en distribuir-, se ha convertido, con pocas modificaciones, en la ortodoxia económico- social del liberalismo, en la visión dominante entre sus grupos dirigentes.

A consecuencia de lo anterior la capacidad del partido liberal para atraer ideológicamente, en términos de un proyecto político transformación del país, a los sectores llamados populares —obreros, grupos marginales, sectores de clase media— se ha debilita en forma acelerada, y se ha debilitado correlativamente su capacidad para promover el consenso social en el que se funda la legitimidad del régimen. Un síntoma de esto se encuentra en la disminución drástica del voto urbano del liberalismo; la votación liberal rural, que todos sabemos es en buena parte cautiva, se ha mantenido constante, cuando no ha crecido. Ante la imposibilidad de conservar la adhesión y el consenso mediante el manejo de contenidos ideológicos, el aparato político liberal parece haber optado, a partir del acceso que tiene a los recursos del estado, por utilizar estos beneficios para mantener un mínimo de contacto con el electorado liberal. Así han generalizado y ampliado las prácticas clientelistas, mediante las cuales lo miembros de la llamada “clase política” buscan la fidelidad y el respaldo de sus bases a través de una distribución calculada de beneficios individuales o de grupo. Pero los resultados reciente hacen pensar que estos mecanismos van perdiendo su eficacia en los grandes conglomerados urbanos, donde su manejo es difícil y más tenues las redes de lealtades requeridas para que funcionen. Así el liberalismo parece estar obrando en forma similar a como actuó el radicalismo hacia 1875, cuando sacrificó sus perspectivas de largo plazo por logros inmediatos, por la defensa de los privilegios del poder. Del mismo modo, ante el clima de conflicto social agudizad por el creciente contraste entre las posibilidades económicas del país y el acceso limitado a los beneficios del desarrollo y por el debilitamiento de los elementos ideológicos que hacían fuerte el consenso político, y ante la continua amenaza, más o menos velada, de golpe militar, el liberalismo ha aceptado y promovido recientemente formas de acción estatal que son del todo contrarias a la tradición liberal, como la violación de garantías procesales a los sindicado de delitos políticos, y ha tolerado o cerrado los ojos, con algunas excepciones como las de Luis Carlos Galán o Alberto Lleras Camargo, ante fenómenos como el de la tortura. Esto ha sido justificado en buena parte en términos de eficacia, pero es evidente que la eficacia de corto plazo está en conflicto con la posibilidad de mantener a más largo plazo la coherencia y la identidad ideológica del liberalismo y su capacidad de atracción política. Puede que el clientelismo y el uso de la fuerza estatal para limitar a la oposición permitan ganar una o dos elecciones más al liberalismo, pero agudizando su crisis de fondo y reduciendo aún más el ya disminuido respaldo en los sectores ya mencionados —obreros, grupos universitarios, sectores medios, sobre todo en sus grupos más jóvenes— entre quienes la vinculación con el liberalismo es ya bastante reducida.

En resumen, el liberalismo ha ido abandonando durante los últimos años sus elementos democráticos (al abandonar la pretensión de modificar la estructura social para permitir el acceso de los grupos populares al poder político) y ha ido haciendo más débil su defensa de los elementos propiamente liberales de su tradición (la defensa de los derechos humanos, en especial). Corre el riesgo de convertirse en un aparato vinculado a la burocracia estatal que, en el mejor de los casos, trate de usar con eficacia el poder público para coordinar y orientar unos programas de desarrollo económico y social que sean compatibles con un modelo social capitalista y con el mantenimiento de la capacidad de decisión del poder político, en manos de los grupos empresariales y sus aliados políticos, y en el peor, contribuya a una degradación del sistema institucional, al abandonar la defensa incondicional de los derechos ciudadanos, al ceder a la histeria que presenta como una gran amenaza para el país algunas reducidas bandas terroristas pero apenas se inmuta ante los miles de víctimas de otras formas de violencia, al admitir la confusión entre oposición al sistema actual y delito (manifiesta en recientes columnistas de la prensa liberal que han señalado la “subversión cultural” como el gran peligro para la paz nacional);

El partido liberal impulsó durante el siglo pasado la separación de poderes, la sujeción de la acción del estado a un sistema legal basado en la representación nacional, el respeto de los derechos individuales; en la década del 30 promovió el aumento de la capacidad de intervención del estado en el manejo económico y en la ordenación de los conflictos sociales e incorporó a la vida política del país a importantes sectores populares. Su acción en la historia nacional estuvo en buena parte orientada por la idea, a veces explícita y a veces implícita, de que era no sólo un partido liberal sino un partido democrático, en el sentido original de este concepto, un partido que de alguna manera sugería la promesa del “poder del pueblo”.

 Así pues, en su tradición se encuentran los elementos para que pueda buscar una reorientación democrática de su acción política. La situación actual hace, sin embargo, muy grandes las dificultades para que el liberalismo se convierta en un partido de orientación claramente popular, y pueden ser otros los grupos u organizaciones que incorporen a su lenguaje político y a su ideología, los elementos democráticos, e incluso liberales, abandonados por el liberalismo. Pero en un momento en que la supervivencia del ordenamiento político vigente tropieza con amenazas cuya gravedad resulta difícil evaluar pero que se hacen mayores por la pérdida de legitimidad de un sistema en el cual participa apenas el 30 o 35 de la población, la afirmación decidida de la tradición democrática del liberalismo contribuiría a reducir tales amenazas, que transformarían el sistema actual en un sentido que sin duda no sería ni liberal, ni democrático, ni popular. Esto exigiría que el liberalismo abandonara su identificación total con el capitalismo, y que se empezara en una lucha por transformar el país para abrir el camino a la participación política popular, debilitar el peso del militarismo, modificar la estructura centralista, autoritaria y presidencialista del sistema político. Si esta reorientación del liberalismo se realiza es posible que el país evite, con la contribución de este partido y de todos los sectores democráticos, los peligros que hoy lo amenazan.

Jorge Orlando Melo
Punta Larga (Boyacá), 1980

 
 

 

 

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