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Admiración, tolerancia, rebelión 
 

La corrupción en la historia de Colombia podría agruparse en cuatro tipos básicos:

1) Evasión de impuestos. Durante siglos fueron vistos como una extorsión arbitraria de un Estado alcabalero que no dejaba trabajar. Se admiraba a los contrabandistas, a los que cultivaban a escondidas tabaco o destilaban aguardiente en alambiques clandestinos, a los comuneros que se rebelaban contra los tributos. Las novelas están llenas de héroes que se enfrentan a los agentes de rentas. Solo al afianzarse la idea de que el Estado existe para proteger los derechos de todos, se hizo normal el rechazo a los que no pagan impuestos y se aprovechan de los bienes públicos.

2) El Estado como patrimonio privado o de unos pocos dueños. Mientras las burocracias eran pequeñas y los servicios públicos, limitados, no se veía mal nombrar familiares, usar palancas, repartir baldíos a los amigos: lo malo de la rosca era no estar en ella.

3) El abuso de poder. Aunque hace unas décadas parecía normal usar los cargos públicos para extorsionar, pedir una propina, demorar un trámite u hostigar a la oposición, esto logró controlarse: hoy el ciudadano colombiano casi nunca tiene que pagar sobornos para que lo atiendan, aunque el acoso a los opositores aún existe.

4) El robo de recursos públicos. Cobrar comisiones o enriquecerse en el Estado no fue muy frecuente en Colombia hasta que la asignación de divisas, las importaciones o la licitación de contratos, a veces de obras imaginarias, se volvieron importantes en la economía, hace 30 o 40 años. Es algo frecuente en todo el mundo, y mucho país cercano es peor, de modo que parecía tolerable. Hace años uno oía decir, en elogio de algún alcalde, que "roba, pero hace obras". Lo que convirtió el caso colombiano en especialmente irritante no fue la percepción de que esto encarece los servicios y hay que pagar más por ellos, sino que se volviera un sistema de poder y de vida. Al viejo manzanillismo, que repartía puestos y favores, lo reemplazó un clientelismo que se tomó el poder en varias regiones del país y se alió con la violencia y otras formas de delito. Los contratos financian un aparato político que gana las elecciones con los recursos de la misma gente, y pone al Estado, en muchas partes, a favor del narcotráfico, de los paramilitares y a veces de la guerrilla. El ciudadano paga los impuestos con los que los políticos le compran el voto o protegen a los que lo intimidan o le quitan la tierra.

Lo intolerable fue convertir el robo o el uso ilegal de recursos públicos en la sangre de la política. Pero hubo siempre vacunas (jueces, políticos, periodistas, electores) que impidieron que la peste local invadiera todo. Narcos, paramilitares, caciques regionales se creyeron a punto de manejar el país, pero lo que quedó fue una inquieta convivencia, en la que hasta es posible tener buenos gobiernos con apoyo de los corruptos, mientras no se pasen ciertos límites.

Un primer intento de rebelión radical fue el de Luis Carlos Galán, cuando la corrupción parecía aceptable, siempre que estuviera en sus justas proporciones. Su votación de 1982, todavía débil, anunció lo que estaba pasando en la opinión.

En esta elección, Mockus llevó la corrupción al centro del debate, al plantear la exigencia de que no solo los gobernantes sean impecables en su gestión, sino que todos los ciudadanos asuman el respeto y la defensa de la ley como una obligación personal. Al hacerlo, puso en cuestión la separación de las formas débiles de corrupción (la evasión de impuestos, la rosca o la palanca) de las que se han aliado con el narcotráfico o los grupos armados: no es posible acabar con estas sin combatirlas todas al mismo tiempo. Cero corrupción puede sonar exagerado, pero la rebelión ciudadana muestra que va a ser, en los próximos años, el tema central de la política colombiana.

Jorge Orlando Melo
Publicado en El Tiempo, 10 de junio de 2010

 

 

 

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Ultima actualización octubre 2016
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