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A reformar el pueblo
 

En 1854, en la primera elección con voto universal, los colombianos no eligieron un presidente sino un procurador, Florentino González. De entonces a hoy, la Procuraduría ha representado al Estado y vigilado a sus funcionarios.

Los problemas de los setenta y ochenta, la violencia, el clientelismo, la guerrilla y el narcotráfico mostraron un Estado corrupto y arbitrario y con una justicia impotente. Los empleados destituidos por sus jefes hacían un pleito y volvían, años después, a sus puestos, con una millonaria indemnización, por errores de trámite o falta de pruebas. Y antes de 1991, la Procuraduría podía pedir la destitución de un empleado a sus superiores, lo que se aplicó para retirar a soldados que violaban los derechos humanos y contaban con la absolución de la llamada “justicia militar”.

Para acabar la corrupción, en la Constituyente de 1991 se propuso que la Procuraduría pudiera destituir funcionarios sin atender las reglas de prueba del derecho penal, aplicando el principio de “verdad sabida y buena fe guardada”. Lo que se aprobó no fue claro: la Constitución de 1991, hecha a las carreras, es larga, confusa e imprecisa. Un artículo ordenó a la Procuraduría “vigilar” a quienes “desempeñen funciones públicas, incluso de elección popular”, mientras que otro artículo le dio el poder de “destituir” al “funcionario público” que viole la Constitución o la ley, sin que se sepa si en el artículo sobre destituciones se omitió “de elección popular” para evitar que se aplicara a senadores, presidentes o alcaldes. Otro, al definir el régimen especial de Bogotá, dice que el Presidente de la República destituirá al alcalde en los casos de ley. No es claro si el Presidente podrá actuar según su criterio o tiene que firmar lo que le mande el Procurador. ¿Para qué crear este trámite, si era una pura rutina, solo en el caso de Bogotá? ¿O se trataba de tratar duro a Bogotá haciendo que pudieran destituir a su alcalde tanto el Procurador como el Presidente?

En el proyecto de Constitución presentado por el Gobierno en 1990, mejor redactado, se excluía expresamente a los cargos electivos de la destitución del Procurador. Y, para evitar el clientelismo y la corrupción, el Procurador era elegido por la Corte Suprema, no por el Congreso. La Constituyente, que discutió si el Procurador debía ser elegido popularmente, como en 1854, decidió que esto llevaba al clientelismo y para evitarlo asignó a los senadores su nombramiento.

La Constitución de 1991 tiene una relación contradictoria con la democracia: como la gente elige mal, en vez de esperar que aprenda de sus errores, buscó proteger a los ciudadanos de ellos. Se ha ido conformando una democracia tutelada, en la que los jueces pueden dictar políticas y ordenar el reciclaje, los malos funcionarios están vigilados por la Fiscalía, la Contraloría, las personerías, las veedurías, la Defensoría, la oficina de control interno y la Procuraduría, y los gobernantes no ejecutan las políticas aprobadas por los ciudadanos, sino que les hacen favores y les conceden beneficios.

Por esto se creó el monstruo actual, único en el mundo: un procurador que, si es arbitrario, sesgado e irresponsable, como el actual, puede hacer mucho mal y algo de bien, y que puede reemplazar a los ciudadanos en el ejercicio de sus responsabilidades democráticas.

En el fondo, la razón para tanta ley, tanto órgano de control, tanto paternalismo, es que no creemos en la democracia, porque no creemos en el pueblo que tenemos. Y como fracasan todos los esfuerzos por hacer cada 3 o 4 años las más completas y perfectas reformas políticas, por cambiar la Constitución y las leyes, lo único que nos queda es cambiar el pueblo.

Jorge Orlando Melo
Publicado en El Tiempo, 19 de diciembre de 2013

 

 

 

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Ultima actualización octubre 2016
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