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Gaviria, Uribe y Medellín
 

Medellín fue, en los 90, la ciudad más violenta del mundo. Lo recordó hace poco Saúl Hernández, pero tergiversando algo las cifras, para argumentar que bajo César Gaviria no se hizo nada para enfrentar ese problema. En 1991, según datos de la Policía Nacional, hubo en Medellín 4.585 homicidios. Para 1994 habían bajado a 2.932, pero subieron desde 1995 y llegaron a 3.582 en el 2002. En los dos primeros años de Álvaro Uribe la caída fue brusca: en el 2004 los asesinatos fueron 1.076. Siguieron bajando hasta el 2007, pero el año pasado, según datos de Hernández, volvieron al nivel del 2004.

¿Qué muestran estas cifras? Una fuerte caída de homicidios bajo Gaviria, un aumento en los dos gobiernos siguientes, una disminución aún más rápida en los dos primeros años de Uribe y un nuevo aumento desde el 2007.

¿Qué explica el éxito inicial de las políticas de Gaviria y Uribe y el posterior agotamiento de su efecto?

La disminución de homicidios bajo Gaviria fue sobre todo por el sometimiento a la justicia ofrecido a los narcotraficantes, que llevó a la entrega de Pablo Escobar en 1991. Sus bandas redujeron actividades, y su fuga y muerte acabó con ellas. A esto se unió una lucha firme contra la delincuencia, mejorando la capacidad de acción de la Fuerza Pública y la justicia, y una creativa estrategia de prevención, encargada a la Consejería Presidencial para Medellín, que dirigió María Emma Mejía entre 1990 y 1992, y que buscaba, entre otras cosas, dar oportunidades de educación, empleo y uso del tiempo a los jóvenes de los sectores populares, con colegios, campos deportivos y bibliotecas.

La disminución de homicidios bajo Uribe la produjo ante todo la negociación con los paramilitares, que se concretó, para Medellín, en el 2003. La Alcaldía de Sergio Fajardo, además, puso en marcha eficientes programas de rehabilitación y un plan social que retomaba muchos elementos del programa de la Consejería de Medellín, pero más ambicioso e integral. Esta continuidad no es casual: Alonso Salazar, el actual Alcalde, había inspirado los programas de la Consejería y fue el principal asesor de Fajardo en estos temas.

Los dos procesos tuvieron grandes defectos. En el caso de Escobar, las propuestas eran públicas y no hubo una mesa de diálogo, pero el manejo del Gobierno a la prisión del capo fue ingenuo y torpe y terminó con su fuga, persecución y muerte. Y los gobiernos siguientes abandonaron la estrategia social integral y no advirtieron que la herencia de Escobar subsistía en las nuevas bandas paramilitares que se tomaron la ciudad.

La negociación con los paramilitares pareció ignorar que sus jefes principales eran parte de una red que quería conservar su influencia en gran parte del país. Esto lo corrigió la Corte Constitucional, que impidió una paz silenciosa y llevó a procesar a muchos de los políticos amigos de los paramilitares. Y no se actuó con rapidez contra la herencia de los grupos armados locales, infiltrados en muchas instituciones públicas.

En retrospectiva, ambos procesos parecen haber sido convenientes, razonables y exitosos, a pesar de sus errores, que fueron muchos más de los que menciono.

Algunos critican hoy la propuesta de sometimiento a la justicia como un acto de debilidad del gobierno de Gaviria; otros critican la negociación con los paramilitares de Uribe, pues creen que fue un acuerdo entre amigos. Pero lo importante no es asignar culpas para desviar la discusión de las políticas actuales. Hay que aprender de los errores y experiencias del pasado, pero para buscar respuesta a los problemas de hoy.

El país ha tenido estos años una estrategia exitosa contra la delincuencia guerrillera, pero esto no basta. Ahora tiene que inventar una política integral e imaginativa para superar la violencia urbana.

* Consejero presidencial para Medellín en 1993 y 1994.
 

Jorge Orlando Melo
Publicada en El tiempo, 17 de septiembre de 2009

 
 
 

 

 

Derechos Reservados de Autor. Jorge Orlando Melo. Bogotá, Colombia.
Ultima actualización octubre 2016
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