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ICA: semillas de la ira
 

Soy partidario de la apertura económica y creo que no tiene sentido que protejamos a terratenientes y empresarios rurales haciendo que la comida sea más cara, dizque para que den más empleo. Pero creo que el campo colombiano anda muy mal, pues durante cuarenta años preferimos repartir ayudas y limosnas a los agricultores, sobre todo a los ricos, a enfrentar los problemas de fondo: la mala distribución de la tierra, el avance muy lento de la productividad, la poca investigación, la falta de un sistema para que en los años buenos se ahorre para los malos. Desde que se decidió, hacia 1970, que lo bueno era la llamada “agricultura moderna” y no la campesina, se consolidó un sistema en el que, al lado de sectores más o menos modernos (flores, caña, banano, algunos lecheros, etc.), la mayor parte de la tierra se dedica a una ganadería atrasada e improductiva. Mientras tanto, el cultivo del café, de pequeños y medianos propietarios, entró en crisis, porque, para defender una ventaja de precio de nuestro grano, se prohibió ensayar, sembrar variedades distintas, producir cafés destinados a los mercados más exigentes. Y la agricultura campesina se abandonó a su suerte: la investigación tecnológica se orientó a los cultivos empresariales, y los campesinos fueron tratados como ignorantes e incapaces, que, para recibir cualquier apoyo, tienen que producir lo que digan los técnicos y como lo digan ellos. Mientras tanto, Honduras y Ecuador acabaron exportando muchas más frutas y verduras que Colombia, que tenía ventajas de clima y diversidad.

Por mi desconfianza con la retórica contra los tratados de libre comercio, supuse que las quejas por la resolución 970 del ICA eran absurdas. Pero la leí con cuidado, y no solo es absurda sino ridícula. El Decreto 1840 de 1994, a fines del gobierno Gaviria, autorizó al ICA a sancionar, con multas y suspensiones de sus servicios, a los que incumplieran unas normas que buscaban evitar plagas y daños sanitarios. En el 2010, a fines del gobierno Uribe, salió la resolución 970, que prohíbe, literalmente, que los campesinos produzcan semillas. Aunque repite los argumentos sanitarios del Decreto 1840, lo que hace es proteger la propiedad industrial de las empresas de semillas, obligando a los campesinos a usar solo semillas certificadas o registradas. Lo único que permite, con gran generosidad, es que “el agricultor” siembre hasta cinco hectáreas con semilla de su cosecha, siempre que no sea modificada genéticamente y pidiendo permiso al ICA.

El ICA ha destruido toneladas de semillas guardadas por los campesinos. Es posible que sean genéticamente modificadas y que haya una violación de derechos. Pero el ICA alega que eran semillas no aptas para consumo humano, que estaban en bolsas sucias, que las no certificadas son menos productivas o, aunque no encontré estudios serios sobre ello, que si uno siembra esas semillas puede haber más malezas y sale más caro el cultivo.

Puro estalinismo burocrático: el ICA no cree que se pueda permitir a los ineptos campesinos (según el trato que les dan) decidir qué siembran, si compran las semillas más productivas o las menos productivas; no acepta que sea el mercado el que demuestre a los productores que es mejor esa semilla en la que tanto creen. Tienen que sembrar la que el ICA dice o, si no, llega la Policía, y si se hace repulsa, se tipifica un “agravio a la autoridad”, que es sancionable, aunque no figura en el Código Penal. Y a los que violen la norma y siembren arroz o plátano ilegales los pueden multar hasta con 10.000 salarios, más que los 1.500 con los que se sanciona a los que siembren la inofensiva coca o la “legal” marihuana.

Jorge Orlando Melo
Publicado en El Tiempo, 29 de agosto de 2013

 

 

 

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Ultima actualización octubre 2016
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